Ayotzinapa y Dogma

Ayotzinapa y Dogma

Francisco Pérez Arce Ibarra

Que el corazón entero y generoso

Al caso adverso inclinará la frente

Antes que la rodilla al poderoso

(Anónimo sevillano)

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Los crímenes del 26 de septiembre en Iguala provocaron una crisis política nacional de dimensiones inéditas.

El gobierno no convence a nadie de que fue un episodio más de la guerra entre cárteles criminales. En cambio los padres de los 43 desaparecidos y las organizaciones sociales que los acompañan convencen y siembran la certeza: se trató de un crimen de Estado.

El gobierno federal es responsable al menos por omisión e ineptitud: la inacción de ejército y policía durante los ocho días que siguieron a la desaparición de los 43 normalistas fue grave y posiblemente de consecuencias funestas; la búsqueda posterior, que ponía el foco en encontrarlos muertos, condujo a varias fosas clandestinas con decenas de cadáveres que resultaron no ser de los normalistas. La investigación de las fuerzas federales  siempre dio la impresión de conducirse sin ton ni son.

El hallazgo de las fosas con muertos desconocidos causó  mayor alarma: la búsqueda de los 43 condujo a encontrar cuerpos de personas cuyas desapariciones no habían desatado investigación alguna. Son los desaparecidos que no importan, las que sólo existen en los grandes números: ¿26 mil desaparecidos? Sin nombre. 26 mil seres humanos prescindibles… olvidables.

La exigencia de que se les buscara vivos obligó al presidente a prometer que se fortalecería la búsqueda. 37 días después el Procurador dio una conferencia de prensa para presentar indicios de que los 43 habían sido asesinados, cremados y arrojados a un río. No tenía pruebas concluyentes, pero sembró la versión de que eso había sucedido. El procurador quería cerrar el caso relatando una historia trágica. Tenía la urgencia de mostrar que el gobierno había resuelto el caso y que el presidente podía, tranquilamente,  viajar a China.

El viaje a China y el tren a Querétaro

La conferencia del procurador y el viaje del presidente son piezas de la misma estrategia. La crisis de Ayotzinapa por su magnitud y proyección mundial preocupa a los hombres del presidente. En dos años que lleva su gobierno la situación del país no ha mejorado un ápice, en ningún sentido. El primer año de su gobierno arrojó malos resultados económicos, pero entre sonrisas y aplausos el gobierno prometía un futuro próspero apoyado en las muy publicitadas “reformas estructurales”. Sus expectativas alegres se fundaban sobre todo en la reforma que privatizó el petróleo.

La filosofía del régimen empieza y termina en la economía, y más precisamente en la inversión de capitales extranjeros. Ahí se encuentra depositada su fe. La llegada de miles de millones de dólares es el objetivo precioso: entrarán, dicen, 12,500 millones de dólares anuales durante los próximos cuatro años. Como cifra mágica, esos 50 mil millones desatarán el crecimiento, ofrecerán buenos negocios a los empresarios mexicanos, crearán empleos bien pagados y generarán regalías cuantiosas a las arcas públicas. Todo esto a cambio de entregar el petróleo, que todavía hace un año, legalmente, pertenecía exclusivamente a la nación.

En plena crisis desatada por los crímenes de Iguala, la Suprema Corte desechó, 9 votos contra uno, la solicitud de cinco millones de ciudadanos que demandaban una consulta popular sobre la reforma energética. La solicitudes (en realidad eran dos, pero tenían el mismo sentido) se apegaban a la Constitución. Se preguntaría al pueblo si estaba de acuerdo con la reforma energética. La consulta debía hacerse simultáneamente a las elecciones de junio del 2015. Los ministros la desecharon con un argumento banal: la constitución prohíbe consultar lo relacionado con ingresos del Estado. Según los 9 ministros abrir la explotación petrolera al capital privado nacional y extranjero está relacionado con los ingresos del Estado. Casi cualquier asunto se relaciona indirectamente con los ingresos del estado, pero ese no es el sentido de la pregunta. Los ministros no quisieron ver el fondo. No actuaron como juristas y jueces imparciales, sino como servidores del poder ejecutivo. Fue una resolución ideológica no jurídica. La explotación del petróleo por las empresas privadas aportará ingresos al Estado, es cierto; como la explotación del petróleo por empresas públicas  aporta ingresos al Estado; esa no es la diferencia; no es la cuestión que se debate. De hecho es mayor la proporción de los ingresos petroleros que aporta Pemex en comparación con la que aportarían las empresas privadas. El asunto de fondo no es ese. No son los ingresos lo que se consulta. Los ministros lo saben. Pero aun así la desecharon agarrándose de un pretexto que los legisladores pusieron ahí precisamente como válvula de seguridad. Los ministros, nueve de ellos, siguieron puntualmente el libreto que les habían dictado.

La consulta ciudadana sobre la privatización petrolera atacaba al corazón del régimen. La energética es la madre de todas las reformas. Ahí está depositada su fe. De ella dependen los soñados 50 mil millones de dólares.

Con optimismo recibieron los medios internacionales las reformas estructurales, y particularmente la energética. El festejo desmedido de la prensa estadounidense y británica que daba la bienvenida a la “modernización de México” la llevó a hablar del “momentum México”; cursilería aparte, lo que en realidad festejaban era el acceso de las empresas trasnacionales al petróleo. Es decir, la garantía de poner un recurso estratégico bajo el control de los países ricos y la obtención de grandes (de veras grandes) utilidades para sus economías. Utilidades y dominio. (Desde el otro punto de vista, el nuestro, pérdida de recursos y pérdida de soberanía.)

La economía siguió estancada el segundo año del gobierno de Peña. En  medio de la euforia del “momentum” de México, el presidente abrió otras cartas generosas, dos grandes proyectos: la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y la construcción del tren rápido  México-Querétaro. Gran festejo mediático. Los locutores de la T.V. se desvivieron en elogios al gobierno. Había superado el trago amargo de cuando el pueblo de Atenco echó por tierra el proyecto del aeropuerto foxista asentado en tierras comunales en el Estado de México. El nuevo aeropuerto fue presentado como otro gran disparador de la economía: gasto público e invitación a la inversión privada. Fiesta para inversionistas por un proyecto supuestamente asentado en tierras que no pertenecen a pueblos molestos y malagradecidos. La revancha de Peña Nieto contra Atenco. Grandes negocios para grandes empresas. Gran dinero para los grandes amigos del presidente.

Y el otro gran proyecto, el tren rápido a Querétaro, no de la magnitud del aeropuerto pero también grande: representa la inversión de unos 5 mil millones de dólares. Cantidad apetitosa para los consorcios de la construcción y el transporte… Pero en este proyecto enseñaron el cobre antes de tiempo. La trama es inmejorable:

La esposa del presidente, Angélica Rivero, no pudo contenerse y apareció en la revista Hola hablando de la que sería su nuevo hogar. Las fotos muestran una casa de arquitectura moderna. Blanca en todos sus muros, pero con un sofisticado sistema de iluminación para darles distintos colores, al gusto del momento. Espacios amplísimos, como si se tratara de una galería de arte o el post moderno lobby de un hotel de lujo. Casa, según ella, admirable, digna de la familia real mexicana. Ella en portada, glamurosa. Declara la señora de Peña Nieto que será la casa que ocupe su familia cuando dejen Los Pinos. Su ego de aspiración noble la llevó a la revista emblemática de la aristocracia mundial. Se siente princesa de cuento de hadas. (El espíritu republicano huye aterrorizado de la portada de Hola.) El reportaje en tan apreciada revista seguramente regocijó su alma, pero también desató una investigación periodística que descubrió una trama de corrupción.

Encontraron los periodistas que la mansión famosa, conocida como “la Casa Blanca”, no estaba a nombre de Angélica Rivero sino de una empresa del Grupo Higa. ¿Qué empresa es esa? Aquí viene la sorpresa: Higa forma parte del consorcio que “ganó” la licitación para construir el Tren rápido a Querétaro; contratos que suman 5 mil millones de dólares. El consorcio ganador está integrado por la empresa mexicana, asociada a otra de capital chino. (Las comillas en “ganó” no son gratuitas, sucede que era el único participante.)

La Gasa Blanca, cuyo valor estimado es de 8 millones de dólares, está a nombre de la empresa beneficiada con los contratos para construir el tren a Querétaro.

La misma empresa había sido la favorita de Peña cuando fue gobernador del Estado de México. Obtuvo, en ese periodo valiosos contratos de construcciones civiles. Y hoy mismo tiene contratos jugosos de grandes obras públicas.

En la licitación del tren a Querétaro hubo un solo concursante, por supuesto el ganador. ¿Un solo concursante? La sospecha se agiganta: ¿El presidente de la República recibió un regalo del consorcio que ganó una licitación en la que era la única concursante? ¿En el que participa la empresa que fue su favorita durante su periodo como gobernador?

 Empieza el escándalo. Y entonces el gobierno, abruptamente, retira el contrato al consorcio ganador, y anuncia que repondrá la licitación. (El consorcio chino-mexicano demandará el pago previsto por incumplimiento equivalente al uno por ciento del monto total del contrato.)

¿Estrategia de control de daños? Sí, porque el olor a corrupción ya era insoportable, y llegaba más allá de nuestras fronteras. El momentum México olía a podrido.

La crisis política más grave de los últimos tiempos

El presidente está por viajar a China. Tiene que dar explicaciones. China es una gran potencia económica de la que el presidente no quiere distanciarse. Pero además se trata del acuerdo TTP (transpacífico). No quiere suspender el viaje, sería un error desde el punto de vista de los negocios. No importa que México se encuentre en medio de una crisis política sin precedentes debido a los crímenes de Iguala. No importa que las manifestaciones por todos lados repitan la consigna “Fue el Estado”. Primero es lo primero.

–Que salga el procurador y diga que el caso está resuelto. Que los cuarenta y tres normalistas están muertos y quemados, triturados sus huesos y disueltos en el río. Que los culpables están en la cárcel: un par de perredistas que además son miembros del crimen organizado. Que el asesino despiadado es un cartel de la droga, y que el gobierno ya lo descubrió todo. Que es muy lamentable y muy triste pero el show debe continuar y el presidente puede irse a China. Tiene que dar explicaciones y hacer las caravanas convenientes. Es la economía lo que importa. Hay que promover la imagen del país: aquí no ha pasado nada. Todo está bien. ¡Por dios, qué vengan ya con sus capitales a llevarse nuestro petróleo! ¡Que vengan pronto! ¡Estamos aquí, para servirles! ¡Se nos acaba el tiempo!

La protesta sigue. Peña amenaza

Durante su ausencia las manifestaciones crecieron en número y en radicalidad. En Guerrero los maestros de la CETEG, o un grupo sumado a la manifestación, atacaron con rabia los edificios del PRI y el PRD), los incendiaron parcialmente, los dañaron. En el Zócalo, al final de una marcha un grupo arremetió contra la puerta del Palacio Nacional con una bomba molotov y empezó a incendiarse; en este caso las imágenes muestran a uno de los incendiarios protegido por la policía. Estos actos de violencia fueron condenados por los medios. Preparaban el tono del discurso oficial. El sábado 15 de noviembre, apenas bajó del avión, todavía en el hangar, el presidente recurrió al lenguaje duro. Sus palabras recuerdan el lenguaje de Díaz Ordaz en el 68. “No dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, de acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Es el último recurso, pero el Estado legítimamente está en facultad de hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo”. Repitió la amenaza tres días después: “a veces no está claro su objetivo (de las protestas). Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de Nación que hemos venido impulsando.” (…) “No nos vamos a detener.”

El escándalo de la Casa Blanca no termina. La primera dama publica un video donde explica el embrollo. Lo primero que demuestra es que es una mala actriz. Lo segundo, demuestra que no demuestra nada.  Quiere deshacer el embrollo y se embrolla más. Quiere generar confianza y genera más dudas. Declara que en 2010 tuvo ingresos, como actriz, de 130 millones de pesos y que declaró impuestos por treinta y tantos. Nos informa que al retirarse de la empresa Televisa recibió 88 millones al firmar su retiro con el compromiso de no trabajar para otra empresa durante cinco años. Las cifras sacuden a cualquiera. (Sorprende la coincidencia de lo recibido por Televisa con la estimación del precio de la Casa Blanca.) Declara que la casa está a nombre de la empresa del grupo Higa porque todavía la está pagando, y que sólo la pondrán a su nombre cuando la liquide totalmente. Entre el 15, que llegó de China, y el 19 que salió a explicar el asunto de la casa, preparó su defensa. Dice que lo único que pretende es demostrar que tiene solvencia económica (vaya si la tiene) y defender a su familia de infundios (vaya infundios).

(Aunque sólo sea numerología: un trabajador de salario mínimo tendría que trabajar unos 300 años, ahorrando su ingreso íntegro, para pagarse una casa como la de los esposos Peña.)

Se desinflaron las cifras de la primera dama. Otras actrices se burlaron de sus supuestos millonarios ingresos. La actriz Thalía declaró que ella había tenido el contrato más alto en la historia de la empresa y que no llegaba a la décima parte de los que había declarado la señora Rivera. Gente allegada Televisa desmintió las cifras.

20 de noviembre, el inicio de la revolución

Lo que hemos vivido durante casi dos meses es extraordinario. El país entero es una manifestación que clama por la vida y por la justicia. El mundo se solidariza con los estudiantes de Ayotzinapa. Dos consignas se oyen por encima de todos los gritos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, repetida desde el día siguiente de la desaparición forzada de los 43 normalistas, retomada de los años setenta cuando un movimiento incipiente reclamaba las desapariciones de la guerra sucia, y una que empezó a subir su volumen durante octubre y se hizo uniforme, unánime, sonora, compuesta de sólo tres palabras: “Fue el Estado”. Consigna de gran densidad que viaja de la intuición a la certeza. Porque el movimiento que este día superó todos los precedentes en cuanto a magnitud de movilización nacional… realizada precisamente en la fecha que marca el inicio de la revolución mexicana de 1910… Quién sabe si esté marcando el inicio de otra cosa, de otra revolución, ésta sin carabinas… Quién sabe.

El espectáculo de la represión

El Peña Nieto de lenguaje diazordacista cumplió su amenaza. Hubo represión policiaca en el Zócalo a las diez de la noche del 20 de noviembre. La manifestación había tenido tres rutas convergentes. Empezaron a llegar temprano. El Zócalo se llenaba y vaciaba continuamente. Ha sido, quizá, la manifestación más grande en la historia de México. Pacífica, ciudadana, numerosa, indignada, con el uniforme sello de la urgencia. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. “No somos todos, nos faltan 43”. “Fue el Estado”. Y la cada vez más generalizada: “Fuera Peña”.

El primero de diciembre hubo otra jornada de movilizaciones por Ayotzinapa. En la ciudad de México otra vez fue de grandes dimensiones. Corrió en el sentido inverso del tradicional: esta vez fue del Zócalo y de otros puntos de reunión hacia al Ángel. Y como ya parece un nuevo modo, más que una marcha era una asamblea de marchas.  Al final, otra vez, hubo violencia. Provocadores y activistas acelerados dieron, como en las veces anteriores, el pretexto para intervención policiaca contra los manifestantes pacíficos. Hubo golpeados y detuvieron a tres estudiantes inocentes, del poli y de la UNAM que, al cabo de unos días, tras nuevas jornadas de protesta, fueron liberados.

La marcha (o la asamblea de marchas) del primero de diciembre, recordó la realizada precisamente dos años antes, a propósito de la toma de posesión de Peña Nieto, cuando los manifestantes pacíficos fueron encapsulados y detenidos (hubo 60 en aquel año, a 14 de los cuales le dieron formal prisión). En aquella fecha, dos años antes, se inauguró ese nuevo modelo de reprimir: enviar provocadores para justificar la persecución, golpiza y detenciones de manifestantes pacíficos.  

Peña en Guerrero

El presidente discurseó en el festejo de sus dos años de gobierno y pronunció la frase “Todos somos Ayotzinapa”. No tardó la respuesta. En la jornada global del primero de diciembre, menudearon las referencia a la intentona de arrebatar la frase al movimiento: “Peña: tú no eres Ayotzinapa”. Y se repitieron las ya muy arraigadas consignas “Fue el Estado” y “Fuera Peña”.

Finalmente, el 4 de diciembre, el presidente viajó a Guerrero. Fue a Acapulco a tranquilizar a los empresarios muy preocupados por el efecto Ayotzinapa que ha dañado seriamente su economía. Fue a prometer medidas para reactivar el turismo y los negocios. Y cometió la desmesura de llamar a “superar esta etapa de dolor”, y “vayamos adelante”. Anunció concesiones fiscales a las empresas y otras medidas como la reducción del peaje en la Autopista del Sol. Peña finalmente fue a Guerrero, pero fue a solidarizarse con los empresarios, no con las víctimas.

Para el 6 de diciembre las organizaciones campesinas habían convocado, aún antes de que se desatara el movimiento de Ayotzinapa, a una gran concentración en el centenario de la toma de la ciudad de México por los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata, la División del Norte y el Ejército libertador del Sur. La convocatoria creció en medio de la marea desatada por los crímenes de Iguala, y se convirtió en una más de las manifestaciones que exigen la aparición con vida de los 43. En esta nueva asamblea de marchas, que confluyeron en la plaza del Monumento a la Revolución, convocó a numerosos contingentes campesinos. Ese fue el rasgo nuevo. El día anterior habían sucedido cosas importantes: cayó el jefe de la policía del D.F., responsable directo de las represiones de las manifestaciones previas, habían sido los liberados los 3 estudiantes detenidos el día primero, cuya libertad era condición para que siguiera el diálogo entre las autoridades y la Asamblea Politécnica, y finalmente se había llegado a un acuerdo para levantar la huelga, en condiciones de triunfo para el movimiento estudiantil.

En el acto final del día, en el Monumento a la Revolución, llegó la noticia triste: entre los restos hallados en Cocula, se identificó, a uno de los 43. La noticia vino de Austria y fue confirmada por los antropólogos argentinos.

Tlatlaya es la clave

A los 43 se los llevó la policía municipal de Iguala, horas después los entregaron a los sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos, en esto participó también la policía de Cocula. Pero hoy sabemos, sin lugar a dudas, que la Policía Federal estuvo al tanto del viaje de los normalistas, desde su salida de Ayotzinapa hasta su llegada a Iguala, las balaceras posteriores, la muerte de seis personas, tres de ellos normalistas, y la detención de 43. La Policía Federal no hizo nada. ¿Se quedó inmutable ante los hechos? ¿Participó directamente en ellos como lo testimonian normalistas sobrevivientes? El Ejército también se enteró en tiempo real de lo que sucedía. Y no participó. El procurador Murillo dice: no participó porque no tenía órdenes de hacerlo, y afortunadamente no lo hizo porque, dice el procurador,  porque lo hubiera hecho del lado de la autoridad constituida. (A confesión de parte, como suele decirse, relevo de pruebas.)

            La responsabilidad del Estado va más allá de que la Policía Federal supo, y el Ejército supo. Más allá de descuidos o reacciones tardías. La responsabilidad del Estado tiene raíces profundas.

Desde el fondo de su alma los gobiernos federal y estatal detestaban a los normalistas rurales del país, y especialmente a los de Ayotzinapa. Los consideraba sus enemigos. Los despreciaba. Querían deshacerse de ellos. No era un secreto: querían desaparecer a todas las normales rurales, y especialmente la de Ayotzinapa, por su activismo incansable.

La manera en la que se refirieron a ellos el presidente municipal de Iguala y su esposa: “los ayotzinapos”, muestra su desprecio. No imaginaban que iban a desatar un movimiento nacional e internacional extraordinario. No imaginaban que “los ayotzinapos” provocarían un tsunami que meses después mantenía al Estado hundido en una profunda crisis política.

            Lo sucedido en Tlataya desnuda al régimen:

            El 30 de junio, tres meses antes de los crímenes de Iguala, en Tlatlaya, Estado de México, el Ejército Mexicano cometió un homicidio múltiple. Ésta es la historia:

1. 26 personas jóvenes, muchas de ellas armadas, están en una bodega. Cuatro son mujeres. Probablemente tres de las mujeres y dos hombres se encuentran ahí como víctimas de secuestro.
2. Efectivos del Ejército descubren a los civiles armados. Los cercan y disparan contra ellos. Al parecer los civiles responden el fuego. La balacera dura ente 5 y 8 minutos. Los militares gritan pidiendo que se rindan. Los civiles se rinden. Dos de ellos salen con las manos en la cabeza.
3. Los soldados entran a la bodega. Varios de los civiles están ilesos. En el piso hay muertos y heridos.
4. Los uniformados rematan a todos los heridos y ejecutan a los que habían salido ilesos. Una joven de quince años, herida, tirada en el piso, es rematada con disparos en el pecho a bocajarro. Sólo respetaron la vida de las tres mujeres sobrevivientes. Dos de ellas fueron detenidas y llevadas a una cárcel federal.
5. El Ejército informa, versión repetida después por las autoridades civiles, que hubo un enfrentamiento contra un grupo criminal, y que en él quedaron muertos 22 sicarios.  Esta versión se repite durante semanas.
6. El testimonio de una de las mujeres sobrevivientes se publica en una revista extranjera (Square). Es una versión escalofriante: el ejército asesinó a hombres que se habían rendido, a una joven de quince años que quizá se encontraba secuestrada, y a otros dos jóvenes posiblemente también víctimas de secuestro. Pero la orden fue ejecutarlos a todos, y acomodarlos de cierta forma para que pudiera sostenerse la versión de “muertos” en la refriega.
7. Fotografías de la escena del crimen e investigaciones periodísticas confirman lo dicho por la testigo presencial. La autoridad todavía, ya descubierto su engaño, insisten en que los muertos murieron en el enfrentamiento. Pero la versión cae por su propio peso. Los testimonios de las mujeres que se encontraban presas confirman el asesinato frío y múltiple a manos de los soldados.
8. Siete militares son encarcelados por la propia autoridad militar. Poco después las dos mujeres salen de prisión. Ejército y autoridad civil tratan de dar por cerrado el caso. Pero es evidente que los culpables no son los siete soldados bajo proceso. Hay mandos involucrados.
9. El culpable es el Ejército. Lo que está a la vista es una forma de operación (un modus operandi). La manera en que conciben su función ante el crimen organizado. Disparan contra todo lo que se mueva y después averiguan. Llevan a cabo “ejecuciones extra judiciales” (como se les llama a estos asesinatos) sin el menor recato.     

 El crimen de Tlatlaya se cometió el 30 de junio. Tres meses después, el 26 de septiembre la policía atacó a los normalistas en Iguala: mataron a seis personas y desaparecieron a los 43. En el primer caso los militares son los asesinos. En el segundo, los militares fueron testigos mudos. En el primer caso los mandos del ejército intentaron ocultar los hechos y contaron con la complicidad de las autoridades civiles. En el segundo el gobierno federal quiso hacerlo pasar como un problema de carácter  local, que involucraba a las autoridades municipales y, si acaso, al gobierno estatal; un caso que debía resolverse con cárcel para el munícipe y cese para el gobernador. La versión validada por el poder federal señala a las bandas criminales de la región como culpables, y a los funcionarios municipales como parte de ellas.

            Las autoridades federales no actuaron tras los crímenes del 26 de septiembre sino ocho días después. No porque no estuvieran enteradas de los sucedido. No porque no tuvieran facultades para hacerlo. Sino porque no querían que el problema se viera como un asunto nacional. Querían que se apagara solo el fuego. Que fuera un caso más de asesinatos múltiples atribuibles a los cárteles de la droga.

            Tlatlaya nos da una visión más amplia. El Ejército es un actor protagónico; particularmente lo es en el estado de Guerrero. Uno sospecha que su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas no es por simple omisión o descuido. La idea se fortalece con la información que viene de Cocula, el municipio vecino de Iguala, cuya policía participó en la desaparición forzada de los 43. Proviene de la declaración ministerial de su presidente municipal, Cesar Miguel Peñaloza:

            “Entre 2011 y 2014 han estado a cargo de las direcciones de seguridad pública del municipio de Cocula, dos exmilitares en retiro. Uno fue el teniente Tomás Bibiano Gallegos, ejecutado por sicarios en noviembre de 2012, y el otro es el mayor Salvador Bravo Bárcenas, actualmente detenido por sus presuntos vínculos con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Un tercer ex militar, Cesar Nava, era el subdirector de seguridad pública de ese ayuntamiento, pero también está en prisión por los mismos hechos.” (La Jornada, 30 de dic., 2014)

            Dice el alcalde Peñaloza: Tomás Biviano y Salvador Bravo “actuaban de manera unilateral, sin que me rindieran cuentas de sus acciones”. Dice también que el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, general de división Alejandro Saavedra Hernández fue quien “recomendó a los ex militares para ocupar los puestos de directores de seguridad pública de Cocula”.

            Conforme pasa el tiempo se repite cada vez con mayor insistencia la posible participación directa del Ejército en la desaparición de los 43. Investigaciones periodísticas e incongruencia en la versión oficial mueven a las dudas de su inocencia. El ejército sabe. El ejército calla. Nadie más que el ejército tiene la capacidad para desaparecer gente. Para cremar cuerpos. Para ocultar los hechos. No hay pruebas definitivas, se trata más bien de una intuición, de una incredulidad compartida sobre la integridad de las fuerzas armadas; imposible no recordar la guerra sucia de los años setenta, cuando el ejército desaparecía sospechosos, cómplices, conocidos o parientes de guerrilleros con el fin de “exterminar” a los subversivos.  Y está por supuesto, Tlatlaya, que desnudo su alma.

26 de enero, 2015. Cuatro meses.

Se cumplen cuatro meses de la desaparición de los 43 y de los seis asesinatos. La ciudad de México se llena de marchas. La CNTE marcha a las diez de la mañana desde los cuatro puntos cardinales. Los contingentes numerosos son de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y D.F. Una manifestación en la tarde sale del Ángel y llega al Zócalo completa a las ocho. El Zócalo nunca está del todo lleno, porque ya es costumbre que las marcha desde distintos orígenes lleguen a horas distintas y los manifestantes así como llegan se van. Entran y salen del Zócalo. No es una sola marcha. Es una asamblea de marchas. De todos modos el Zócalo lleno en dos tercios presencia un largo mitin en el que los padres de los desaparecidos toman la palabra para repetir lo tantas veces dicho: “vivos se los llevaron…” y las declaraciones de amor a cada uno de sus hijos y a los 42 hermanos de mi hijo. Han pasado cuatro meses sin saber nada de ellos. Te extraño. Los extraño. Discursos repetitivos e inevitablemente conmovedores. Las declaraciones incluyen la promesa de no olvidar, de no perdonar, de seguir la búsqueda hasta encontrarlos vivos. “No habrá tiempo que nos venza.” Los discursos incorporan un tema nuevo: no votaremos, no habrá elecciones, no tiene caso, son los mismos los políticos de todos los partidos, los mismos que obedecen o son cómplices o son parte del crimen organizado, no hay que votar, qué sentido tiene. El llamado es general pero adquiere mayor énfasis en el Estado de Guerrero. En el Estado de Guerrero no habrá elecciones. El otro tema reiterado es el de la posible participación del Ejército. El gobierno mira para otro lado. El ejército es intocable. No participaron. No tiene nada que ver. El gobierno hace demasiado énfasis en exculpar a los militares. No quieren incomodarlos ni con la mueca de una investigación.

Fue la octava jornada global Por Ayotzinapa. Hubo actos en muchas entidades y otra vez también en el extranjero.

El martes 27 vuelve el espectáculo del Procurador

En una larga conferencia de prensa da por cerrado el caso. No varía en lo esencial la versión del 9 de noviembre. Los 43 están muertos. La llama “la verdad histórica”. Fueron quemados en el basurero de Cocula, y las cenizas arrojadas al río San Juan. Dos urgencias muestra el procurador: cerrar el caso y exculpar al ejército. En todo el relato no aparecen militares ni policías federales. Sólo al final de la conferencia, a pregunta de un periodista, el procurador se refiere al ejército: con vehemencia repite que no hay ni la más mínima pista que lo involucre.

Las dudas brincan por todas partes. De inmediato organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron lo que parece un intento de cerrar el caso. CNDH, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Right Watch, y WOLA. Se pronunciaron inmediatamente contra la “verdad histórica”. Las dudas la desvirtúan y la convierten en sólo una “versión oficial”. Bien vista no es más que una hipótesis.

Estas organizaciones señalan incongruencias en el relato del basurero de Cocula.

Mis dudas: suponiendo que la versión del basurero de Cocula se sostenga: ¿cuántas personas fueron ejecutadas e incineradas? No lo saben. Dan cifras aproximadas, por demás dudosas. Hablan de más de treinta. Hablan de 44 o 43. Hablan de muchos. Pero no pueden sostener que fueron precisamente 43 y que eran los normalistas. En su propia “versión oficial” no pueden comprobar que fueron 43 los que, según los asesinos confesos, transportaron en una camioneta de redilas, fueron ejecutados e incinerados. Ningún testimonio da un número preciso de víctimas. ¿Cómo puede la PGR cerrar el caso sin ese dato elemental?

En su propia versión, el Procurador no sabe cuántos fueron asesinados e incinerados, supone que son los cuarenta y tres, pero no lo sabe de cierto, no puede dar un número. Pero ya se cansó y prefiere suponer que los cuarenta y tres fueron asesinados, incinerados y arrojados al río.

El procurador dice que aclaró el motivo de la desaparición forzada y el asesinato de los normalistas: el grupo criminal Guerreros Unidos creyó que entre los estudiantes había sicarios de su grupo rival Los Rojos. Eso motivó que los policías municipales  los entregaran a uno de sus jefes y éste ordenara su muerte. En su propia versión, sin embargo, no expone el motivo por el cual decidieron convertirlos en polvo y arrojarlos al río. Es decir “desaparecerlos completamente”, no dejar nada de ellos. ¿Es un modus operandi de esa organización? ¿Lo habían hecho antes? ¿Tenía el know how? Hemos visto que este tipo de organización criminal asesina y entierra; de ahí la aparición de fosas por todos lados. ¿Por qué tanta preocupación por no dejar huella? Generalmente, por el contrario,  quieren dejar su firma, enviar mensajes a sus enemigos; por eso arrojan cabezas en sitios públicos, o bien ahorcan a sus rivales en puentes y ahí los dejan para que sean vistos por todos. Y cuando quieren deshacerse de los cuerpos, lo entierran en fosas clandestinas. ¿Por qué en este caso se toman el trabajo de incinerarlos y convertirlos en polvo para que desaparezcan disueltos en el río? ¿Lo habían hecho antes? ¿La PGR los interrogó al respecto? ¿En el pasado cuántos desaparecidos fueron incinerados y echados  al río?

Las evidencias físicas que ofrecen demuestran que hubo una gran fogata, que pudo servir para incinerar cuerpos humanos, que utilizaron llantas de autos, que en algún punto llegó a una temperatura de más de mil grados centígrados, que en el río había miles de fragmentos de huesos humanos, que uno de ellos corresponde a uno de los normalistas. Pero nada más. Las evidencias físicas son congruentes con las declaraciones de los sicarios supuestos ejecutores del crimen. Pero sorprende que desecharan otras declaraciones de otros sicarios según las cuales los normalistas fueron llevados a sitios distintos al basurero de Cocula (Pueblo Viejo y Cerro La Parota).   

            El procurador armó su hipótesis con base en las declaraciones de tres sicarios de Guerreros Unidos. La sustentó con evidencias tomadas en el basurero de Cocula. Y la presentó como la única verdad, en la “verdad histórica”. Par mejor efecto, hizo un video con fragmentos de las confesiones, tomas de los supuestos lugares del crimen, y una voz que explica lo sucedido paso a paso… ¡Y musicalizaron el video!

            Hicieron una película. Y sus voceros oficiosos, periodistas a su servicio y locutores de la TV, repitieron la historia contada. “Así fue”, “¡qué tristeza, qué pena!”, “ya sabemos lo que pasó…” y repitieron de distintas maneras la idea obsesiva del gobierno: es hora de superar Ayotzinapa.

            Al gobierno y a los poderosos les urge volver a la normalidad que les deje seguir festejando sus grandes ganancias y su buena fortuna, que garantice la continuidad del sistema que han armado, que puedan cantar que su legitimidad ha vuelto, que en realidad nunca se fue. De ahí la prisa de superar Ayotzinapa. Pero están atrapados en la crisis política nacida en Iguala, los indicios de corrupción extrema que involucran al mismo presidente, y la situación económica que pinta escenarios negros para 2015 y después. La caída de los precios del petróleo obligó a un recorte drástico al presupuesto federal con los efectos que esto pueda tener en la economía: menos crecimiento, más desempleo… El recorte sirvió de epílogo al enredo del tren a Querétaro… Habían convocado a una nueva licitación… Habían vuelto a retirarla para “revisar los comentarios” de nueve participantes… Ahora, con el recorte presupuestal el gobierno abandonaba el proyecto… La empresa china advierte que deben pagarles sus gastos…

La “verdad histórica” del procurador Murillo es una hipótesis mal sustentada:

1. En el basurero de Cocula fueron incinerados alrededor de 40 personas.
2. Las pruebas periciales muestran que hubo una gran fogata alrededor del 27 de septiembre.
3. En el sitio se encontraron prótesis dentales que no pertenecen a ninguno de los normalistas desaparecidos.
4. Los restos fueron triturados y arrojados al río San Juan. De ahí se extrajeron miles de fragmentos de huesos humanos. Sólo uno de esos fragmentos contenía material suficiente para extraer el ADN. Y este coincidió con la muestra de los familiares de uno de los normalistas.
5. ¡Por lo tanto la verdad histórica es que los 43 normalistas fueron asesinados, incinerados y arrojados al río!  ¡Fin de la historia!
6. Se trata apenas de una hipótesis, que en realidad obligaría a seguir la investigación en esa y otras líneas.

El 8 de febrero el equipo forense argentino presentó un análisis de las conclusiones de la PGR en el que encuentra numerosas incongruencias, señala fallas e información insuficiente. La PGR responde el día siguiente descalificando al equipo argentino. Dice la PGR en su alegato: “No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutados e incinerados alrededor de 40 personas; esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por la procuraduría.”

            Dicen los padres de los normalistas: La “verdad histórica” del gobierno federal se cae a pedazos.

Del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF):

“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”.

(…)

“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados” (…)

De la respuesta de la PGR:

“No es aceptable que, ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutados e incinerados a rededor de 40 personas…” (¡!)

(…)

“Ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad.” (¡!)

Cinco meses han pasado

26 de febrero. Otra jornada global. El movimiento se ha desgastado. Los padres siguen en actividad constante. La marcha en la ciudad de México no es tan grande como las anteriores, pero es de varios miles. Va del Ángel a Los Pinos y, como era previsible, fue detenida en Chivatito. Las mismas consignas, las misma rabia, la misma exigencia. Nos faltan 43. Vivos se los llevaron.

            Dos días antes reprimieron una manifestación de maestros en Guerrero y resultó un maestro muerto. La violencia la desató la policía. Es como echarle gasolina al fuego. El movimiento por Ayotzinapa se siente desgastado en el país, pero no en Guerrero. Como si hiciera falta, el gobierno decidió provocar a los maestros de ese estado suspendiéndoles el pago a unos 15 mil maestros, con argumentos burocráticos. Gracias a que en el contexto de la reforma educativa, y de acuerdo con la ley de coordinación fiscal aprobada el año pasado, se concentró en el gobierno federal el pago a todos los maestros del país. Es un instrumento político, que pasa por encima de la soberanía de los estados, y somete a los gobernadores a decisiones que los rebasan. Así, en Guerrero, que el gobierno local enfrenta una situación explosiva, meten un motivo más para la protesta: ni más ni menos que la suspensión de pagos a miles de maestros. La protesta que estaba viva se agudiza. La radicalidad que ya estaba ahí, se extiende.

            El gobierno cambia al titular de la PGR. Murillo está muy desgastado, por decir lo menos. Fue el funcionario que concentró las críticas por la actitud del gobierno ante el crimen de Iguala; el que declaró muertos a los 43; el que no intervino oportunamente el 26 de septiembre y los días siguientes; el que armó el relato del crimen y lo declaró “verdad histórica”. Fue exhibido por organismos internacionales de derechos humanos y por el equipo forense argentino. Era la cara del gobierno ante la peor crisis política del régimen. El gobierno lo quitó del puesto para que se llevara a otra parte el desprestigio persona. La nueva procuradora intentará, con la ayuda de la televisión, empezar haciendo tabla rasa del pasado.  

16 de marzo

“Vendaval autoritario” llamó Carmen Aristegui a lo que estamos viviendo, el día que la despidieron de MVS. Se perdió el noticiero independiente y crítico, el más escuchado, el que marcaba la agenda del día. Ahí se dio a conocer el asunto de la “casa blanca” de Angélica Rivero, la esposa de Peña Nieto.

            Es un vendaval, es cierto. El senado apenas hace unos días nombró a Eduardo Medina Mora ministro de la Suprema Corte. Miles de personas lo objetaron. Pero la orden presidencial fue obedecida por los legisladores priístas y sus aliados. Acaba de suceder también la aprobación en comisiones de la cámara de diputados la Ley Federal de Aguas, que se cae de vergüenza porque convierte el agua en una mercancía explotable por empresas privadas, e ignora su esencia de “derecho humano”. Es la privatización del agua, en correspondencia a la privatización del petróleo. Se trata de seguir ofreciendo negocios a empresarios nacionales y extranjeros a costa de recursos naturales que pertenecen a la nación; se trata también de facilitar el uso del agua para la explotación de hidrocarburos con la tecnología del fracking (fractura hidráulica).

            Ayotzinapa está en segundo plano, pero no desaparece.

Seis meses después

Todavía Ayotzinapa está en la mente. Quitaron a Procurador, para borrarlo todo. Que se olvide. Que no quede nada. Pero al sexto mes, el 26 de marzo, todavía hay manifestaciones, aunque de menor tamaño. Los padres de los 43 están haciendo un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos. En Guerrero los padres de los normalistas, organizaciones de maestros y otros grupos mantienen la postura de boicotear las elecciones. Que no haya elecciones en Guerrero si no entregan a los 43.

San Quintín

El 17 de marzo los jornaleros agrícolas de las fincas de San Quintín empezaron una huelga. Bloquearon la carretera y se convirtieron en noticia nacional. 80 mil jornaleros que viven en condiciones de casi esclavitud. Con salarios raquíticos y condiciones de vida propias del porfiriato. La mayoría son indígenas originarios del Sur. Algunos vinieron hace años, ahí se quedaron, ahí tuvieron a sus hijos, pero su vida no mejoró. Otros son migrantes temporales. A ellos le va peor. Viven hacinados.

Las fincas producen fresas, moras, tomates, pepinos y otras hortalizas. La mayor parte de la producción es para exportarla a Estados Unidos. Tienen formas modernas de producción. Lo único arcaico son las relaciones con sus trabajadores.

–15% para que todo siga igual.

En abril nos enteramos de otra masacre. Sucedió el 6 de enero en Apatzingán, hace seis meses, y nos enteramos ahora gracias a una investigación periodística de Laura Castellanos, dada a conocer por Proceso, Aristegui y Telemundo.

            En Apatzingán murieron 15 personas civiles. “Fueron los federales”, es la frase de testigos que repiten los testigos entrevistados por la periodista. Hasta ahora se tenía una sola versión, la del gobierno, avalada por Castillo, el entonces “comisionado” en Michoacán. Según el relato oficial, los muertos murieron en fuego cruzado al enfrentar a la policía federal. La nueva versión, basada en decenas de testimonios, da cuenta de un crimen artero de los policías que asaltaron el palacio municipal tomado por policías rurales, que se encontraban ahí demandando el cumplimiento de ciertos compromisos del gobierno. Llegó la policía y no ofrecieron resistencia. Sucedió la masacre.

            Esta masacre a cargo de la policía federal se suma a las de Atlatlaya, ejecutada por el ejército, y Ayotzinapa. Lo que ahora se sabe de los tres crímenes dibuja a un estado dispuesto a ejercer la máxima violencia para controlar una situación que se le escapa de las manos. Como si quisiera recuperar la gobernabilidad perdida disparando a diestra y siniestra, queriendo dar la imagen de firmeza, y dando en realidad una imagen de mayor desgobierno.

            Y ahora empieza el proceso electoral. La elecciones serán el 7 de junio. En abril empiezan las campañas…

Mayo de 2015