Once tesis sobre la evaluación educativa

–Francisco Pérez Arce Ibarra–

1) La educación en México tiene deficiencias históricas. Es necesario evaluar al sistema educativo, empezando por el secretario y los altos mandos de la SEP. Los evaluadores deben ser evaluados.

2) La infraestructura educativa es deficiente en general, y muy deficiente en las áreas rurales, indígenas y urbanas pobres. El gasto educativo además de insuficiente ha sido mal empleado. Los burócratas deben ser evaluados.

3) El Sindicato controlado por el grupo que entronizó la cacique Elba Esther Gordillo (hoy presa) recibe enormes cantidades de dinero. De esos recursos no se da cuenta a nadie. El SNTE debe ser auditado.

4) Miles de maestros (“comisionados”) del SNTE cobran su sueldo pero no dan clases, son activistas que trabajan para el PANAL o el PRI y en tiempos electorales se convierten en mapaches. Los comisionados deben ser descomisionados.

5) La camarilla dirigente del SNTE utiliza el chantaje y las concesiones para controlar a los maestros. Los Congresos seccionales son fraudulentos. Los congresos democráticos son descalificados. Las direcciones democráticas deben ser reconocidas.

6) La SEP es un aparato burocrático enorme e ineficiente. La descentralización administrativa buscaba aligerar su ineficacia. Volvieron a centralizarlo por razones de control político. La burocracia debe ser evaluada.

7) Los cuantiosos recursos de la SEP a menudo se destinan a proyectos injustificados y onerosos. Los especialistas de la SEP deben ser evaluados.

8) La educación del pueblo mexicano es pobre en buena medida por la influencia dañina de Televisa y TV Azteca. Sus contenidos son extremadamente pobres. Los contenidos de las televisoras deben ser evaluados.

9) Los locutores de Televisa y TV Azteca (y sus socios menores como Milenio) suelen hacer gala al mismo tiempo de su ignorancia y su prepotencia. Los locutores de las televisoras deben ser evaluados.

10) El rendimiento escolar de los alumnos de primaria a menudo es pobre debido a su alimentación deficiente. Los alumnos deben ser alimentados.

11) Hasta ahora burócratas, diputados  y locutores han querido evaluar a los maestros. De lo que se trata es de evaluar a todo el sistema educativo y transformarlo.

La Huasteca libanesa

 –Francisco Pérez Arce Ibarra–

(Reseña de La casa de las once puertas, de Carlos Martínez Assad)

La novela de Carlos Martínez Assad es de difícil clasificación. Otras novelas entran claramente en un subgénero: thriller, policiaco, aventuras, intimista, filosófica, de crecimiento, biográfica… Romántica, realista, naturalista… O novela de no ficción, testimonial, psicológica.

Bueno, la novela de Carlos se resiste a toda clasificación, de pronto parece una novela de viaje, o testimonial, o etnográfica… de pronto entra en el territorio del realismo mágico o del naturalismo… parece también de repente una novela testimonial o de no ficción… Es todo eso pero al final de cuentas se trata de una novela que seduce…

Carlos utiliza un recurso muy efectivo de narración en dos líneas paralelas. El lector sigue las dos historias, una es el recorrido de una familia libanesa desde su llegada a esta tierra y su asentamiento en la Huasteca; la otra es el relato en primera persona de Pedro Hernández, un campesino indígena, maestro bilingüe y luchador social. Los dos caminos no parecen tener más en común que el territorio en el que se desarrollan. El lector espera que las líneas se junten y mantiene la expectativa… Y en efecto, al menos dos veces se tocan en ciertos momentos de la narración, de una manera, digamos tangencial… No abundo más en el asunto porque es saludable que el lector mantenga la pregunta de cómo y cuándo las historias se juntan… Independientemente de ello las dos historias son pedazos de un mismo retrato regional, de una misma época. El lector está situado en un observatorio que le permite miradas distintas a la misma realidad, la misma tierra, la misma patria… la de los personajes que narran y la del autor, por supuesto.

De los dos relatos tiene mayor peso el de la familia libanesa: es el cuerpo de la novela. El origen es el abuelo; el punto de vista es el del nieto, José, que mira con ojos frescos, escucha las historias, hace preguntas, hurga en la memoria de los adultos, y las cuenta. La historia de la familia es la suma de las vidas y las muertes de sus miembros; de episodios realistas, bien asentados en el paisaje pueblerino, que a menudo contienen dosis de fantasía, lo que nos hace recordar a la familia Buendía, fundadora del realismo mágico. Por ejemplo la triste historia de Esperanza, la más pequeña de las hijas del abuelo, y el también triste destino de un su enamorado de nombre Eraín; y este extraño nombre nos lleva a conocer al “vendedor de nombres” que cada año llegaba con la feria con su cargamento que vocea con un amplificador en la mano (Abisai, Basilisis, Égido, Austreberto, Itaí, Coti, Auldárico, Masiosare, Giazul, Cecaña, Zadyali, Recesvinto, Ziziadne, Adorinha… y sigue la interminable lista.

O por ejemplo también la historia de dos hermanas, Lena y Luna, guapas, ambas enamoradas del mismo hombre, doctor de oficio, no precisamente guapo, y que tiene el mal gusto, según lenguas femeninas, de usar calcetines de colores inapropiados, quien al final se decide por una de la jóvenes, y la boda se organiza con toda la parafernalia del caso, el remolino de las damas eligiendo el color de sus vestidos, “Las mujeres que iban y venían con las modistas, confeccionándose los modelos que copiaban de las revistas; había que imitar el vestido diseñado por Valdéz Peza que hizo lucir tan bella a maría Félix en La Diosa Arrodillada o el que llevó Susan Hayward al recibir el Oscar…” Los preparativos de la gran boda que en  el paquete incluía la infaltable luna de miel en Acapulco en el Hotel Caleta… pero las cosas suceden de manera inesperada…

O la historia de ese personaje peculiar, la suegra de la tía Rosario, que acaba viviendo en la casa grande, la de las once puertas, a la que José, nuestro narrador, se topa todos los días en la escalera y le dedica siempre la misma pregunta y hace siempre el mismo comentario; la mente de la tal señora se debilita paulatinamente y adopta comportamientos cada vez más extraños, adquiere la costumbre de robar pequeños objetos que sale a vender a la misma tienda de la misma casa, y con las monedas que obtiene compra naderías en la misma tienda de la misma casa, y los objetos robados reaparecen en el mismo lugar de la misma casa de donde los tomó…

O ese otro personaje, Don Neguib, también libanés, amigo del abuelo, uno de los que se reunían con él para jugar taule, en realidad para conversar de su lejano Líbano. Pues este señor es corrido por su esposa, y llega a vivir al hotel Assad cargando un voluminoso y pesadísimo baúl de fuerte cerradura, cuyo contenido acaba siendo una verdadera sorpresa…

O la lluvia que no paró en cuarenta días con sus noches “y algunos dijeron que llovían ranas y oían como se estrellaban contra los tejados de las casas”.

Pero entre estas historias peculiares, se desarrolla la normalidad de una familia que crece. Y en su cotidianidad encontramos el gusto por la vida en ese pueblo de la Huasteca Hidalguense, Huejutla,  y la nostalgia por la vida en las montañas de Líbano… Nostalgia heredada a través de las palabras del abuelo, pero no sólo, transmitida también a través de la comida…

“(La tía Cara) encargaba la carne para los platillos del día: Kebbeh, hojas de parra, berenjenas rellenas… calabacitas rellenas de carne o tripas de carnero con sus menudencias. Entre los postres los que les salían mejor eran los maamoul, cuadritos coronados con una almendra que podían estar rellenos de pasta de almendra o de dátiles, y los graives, cuya blancura terminaba cuando se remojaban en el café o el chocolate…”

“… uno de los rituales familiares que más apreciábamos: por las tardes ordenaba servir en la sala el café o chocolate con los panes recién salidos del horno de la panadería: tortas de mantequilla, carteras, tacones, pemoles, pastelillos de queso, pastelillos de arroz con leche, tapabocas, chanchacadas de piloncillo, roscas de sal, mestizos, pan de huevo, pan de agua, gaznate con esencia de tequesquite, alfeñiques con cacahuate, nuez o ajonjolí… Nada era igual a las galletas llamadas con elegancia fruta de horno…”

A la identidad libanesa de la familia, heredada de los relatos del abuelo y de la cocina, se suma la identidad Huasteca, basta registrar la mirada del autor al mercado estrella de los domingos: “maíz blanco, negro, morado, anaranjado, amarillo, rosa, café, beis; chiles también de muchos colores y tamaños; frijol con variedades inimaginables del claro al más oscuro, tabaco, café, ajonjolí, chocolate, amaranto, piloncillo, anís, jitomates, chayotes, habas, calabazas, ejotes, rábanos, pemuches, quelites, verdolagas, ruda, romero, perejil, yerbabuena, cilantro, pimienta, clavo y azafrán. Entre las frutas… pequeñas piñas y papayas azucaradas, los montoncitos de coyoles sobre hojas de plátano, las guayabas, los jobos y los chicozapotes; los cítricos: naranjas, limas, mandarinas, sidras y limones. Con las cañas de azúcar hacían unos hatos que les permitían adoptar la forma de pequeños volcanes y a veces en el centro, como si se tratara de una erupción, colocaban manojos de las flores rosadas…” Y la descripción del mercado no termina, siguen los textiles, las artesanías y alimentos elaborados… No podía faltar en el mercado el peluquero que instalaba su peluquería bajo un árbol y se ejecutaba a sus clientes a casquete corto.

El fin del mundo estaba próximo, sin embargo. Así vivieron en Huejutla la crisis de los misiles. En los años anteriores venía de Cuba la música y la fiesta “Se bailaba en las fiestas en las casas con discos de Dámaso Pérez Prado, y al ritmo del mambo hasta los niños bailábamos…” Y de Cuba venían las películas en las que salían Ninón Sevilla y Rosa Carmina, “prohibidas por el párroco desde el púlpito”. De allá de cuba venía la diversión  y el pecado. Pero también de allá estaba por venir el fin del mundo.

El mercado  y el peluquero de pueblo nos ponen en la otra mirada. La historia paralela, la del campesino albañil maestro rural luchador agrario que nos recuerda que estamos en tierra de caciques, y que la gente de ahí es “en verdad muy pobre”. Y que la tierra lo es todo para una comunidad indígena, y que la disputa por la tierra es a muerte, y que el cacique es poderoso y es ojete. Y sigue el relato de las muertes y la cárcel. Refiere  la lucha campesina desatada en los años setenta. Y delinea también las raíces del movimiento indígena…

Nuestro personaje indio agrarista pasa cuatro años en la cárcel de Pachuca. El agrarismo no ha terminado. Los tiempos cambiaban. Cambiaba también la economía. De la defensa de la tierra ante la ganadería extensiva, se estaba pasando a la defensa de la tierra contra el regreso de la industria petrolera.

La casa de las once puertas es también la novela del regreso. El regreso a Líbano no puede limitarse a la imágenes serenas de los ojos del abuelo, no se puede eludir la realidad de un país que ha sufrido violencia y guerras desastrosas. También es el regreso a una Huejutla diferente… fueron trastocadas las añoranzas… “el progreso había cambiado las puertas de madera de cedro rojo de los comercios por cortinas metálicas”… “la catedral asediada por grandes anuncios publicitarios…”

Pero algo permanece. Algo muy profundo asoma cuando la Nana Lupe hace sus “enchiladas con las tortillas recién salidas del comal de barro, con su salsa y  su queso con frijoles negros pequeñitos”.

Las enchiladas no huyeron de la Huasteca.

En Líbano sobreviven los cedros, “árboles nativos que la tradición dice que Dios sembró en el paraíso…”

21 de febrero, 2015

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El Pino contra Chuayffet

–Francisco Pérez Arce Ibarra–

“A los trabajadores les asiste la razón”, es el llamativo título del desplegado del 4 de febrero firmado por el Secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Rocca (El Pino). Está dirigido a Videgaray, Chuayffet, senadores, diputados y a la opinión pública. El motivo es que 12 mil trabajadores de la educación del estado no recibieron su salario, lo cual es, obviamente, una violación grave de la ley.  Es el reclamo de un funcionario estatal porque, además de ilegal, suspender el pago de miles de maestros, es como echar leña al fuego a la situación que vive Guerrero.

La SEP y el gobierno federal estrenaron el poder que ahora tienen de manejar centralmente el pago de los salarios de todos los maestros del país. La medida, acordada el año pasado, es parte de la Reforma Educativa, cuya sustancia no es otra que centralizar el poder en el secretario de educación y, consecuentemente, en el presidente. El tema de la reforma y la centralización de pagos, no es la educación sino el poder. Forma parte de la remodelación del presidencialismo.

Los Estados han perdido otra tajada de soberanía. La política laboral en su sector educativo depende ahora totalmente del centro, pero las consecuencias políticas tiene que enfrentarlas el gobierno local. Su capacidad política para resolverlas se reduce a cero. Por eso un secretario estatal, que además tiene historia como líder social, se pone del lado de los trabajadores  y utiliza un lenguaje que no es el de un funcionario: “Ante la actual situación de Guerrero que hizo eclosión por la barbarie cometida en iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este tipo de medidas arbitrarias (el no pago a 12 mil trabajadores) exacerban el grave momento de excepción conocida en todo el país e incluso mundialmente, por lo que exigimos una pronta solución de este nuevo conflicto y justicia para las familias de los desaparecidos, castigo a los culpables y alto a la impunidad”.

 

Teles para ganar elecciones

–Francisco Pérez Arce Ibarra–

 En su mensaje de año nuevo, Enrique Peña Nieto prometió, entre otras cosas, que entregaría de inmediato televisiones digitales a diez millones de las familias más pobres de México. ¿Entendí bien? ¿Va a entregar diez millones de teles? Quizá se refiere a diez millones de personas que conforman a las familias más pobres, y en ese caso entregaría entre dos y tres millones de teles. De cualquier manera, el gobierno comprará millones de teles para regalárselas a los más pobres.

¿Alguien cree que lo que urge a los más pobres es tener televisiones digitales? Nadie puede creer tal cosa, ni siquiera los dueños de Televisa y TV Azteca, quienes, por supuesto estarán encantados del regalón de Peña. También veremos rostros sonrientes de mexicanos pobres recibiendo grandes cajas de cartón. Estarán muy felices los empresarios que hagan la venta, y algunos intermediarios que se llevarán su tajada.

Suponiendo que cada aparato cueste unos mil pesos, el gobierno federal gastará entre 2 mil y diez mil millones de pesos. Por supuesto habría muchas opciones mejores para mejorar la vida de los más pobres (y del país), pero ninguna con el efecto inmediato de adornar la imagen del presidente y conseguir como “contraprestación” unos cuantos millones de votos para el PRI el próximo julio y, por si fuera poco, aumentar la penetración del duopolio televisivo.

En un escenario económico tenebroso, como el de 2015 (con el petróleo a la baja, el dólar a la alza, y la inseguridad pública creciendo), el gobierno necesita acciones de efecto inmediato. Se trata de una estrategia antigua: “pan y circo”. Esto cubre la segunda parte del binomio. Buscarán otras dádivas para cubrir la primera. Aunque sea a costa del gasto público. Aunque tengan que financiarlo con deuda. Se trata de medidas de emergencia, para que “se sienta en los bolsillos de los ciudadanos” los efectos buenos de las “reformas estructurales”, y para no perder las elecciones del 2015. Pero pudiera ser (ojalá) que la antigua y perversa estrategia esta vez no les funcionara, porque entre los más pobres, y los pobres, y los casi pobres y los desempleados y los semi empleados y los sin futuro y los sin presente, hay una gran inconformidad, una gran irritación.

6 de enero de 2015

 

 

 

Diciembre de 2012: modelo para reprimir

-Francisco Pérez Arce Ibarra-

Tremendos días de diciembre

Publicado en 5 diciembre, 2012

Días de diciembre cargados de significados. La escenografía: El Palacio Legislativo cercado por muros metálicos y policías con su habitual equipo intimidatorio. Peña Nieto tomaría posesión. Afuera, miles de jóvenes protestaban contra la imposición anunciada. En el Ángel, MORENA convocó a miles de personas que también condenaban al presidente impuesto. Y en otras 31 ciudades había protestas. Los manifestantes del Palacio Legislativo se movieron hacia el Centro. Peña Nieto daría su primer discurso en Palacio Nacional. La clase política uniformemente vestida de traje negro, y ataviada de gestos satisfechos pero severos, como de prohombres en horas históricas, presenció el discurso largo y, esencialmente, aburrido. Sus seis ejes y 13 decisiones no tienen verdadera sustancia. Pero para eso están los locutores de la TV para encontrar sustancia donde no la hay, y contagiar con sus propios gestos satisfacción nacional. Pero en la calle había violencia. Un grupo de manifestantes muy agresivo estalló contra policías y aparadores comerciales. La respuesta de la policía fue extraordinariamente violenta, y no para combatir a los grupos violentos, sino a todos los manifestantes que había. El resultado fue lamentable: dos heridos muy graves, y decenas de heridos no tan graves o leves. Y más de cien detenidos. Las imágenes volaron, como siempre, en las redes sociales. La televisión prepara, apunta y fuego. Intentan dejar la impresión que todas las manifestaciones del día fueron irracionalmente violentas. Un grupo lo fue, pero los provocadores no fueron detenidos, y violenta fue la policía, más violenta y más irracional. Y sobre todo arbitraria. Los detenidos eran manifestantes, pero no habían realizado actos violentos. 69 seguían presos tres días después. Todos, o casi todos, inocentes de lo que se les acusa: actos violentos. Son manifestantes que se expresaban libremente. Se convirtieron en presos políticos. Se dice que fueron detenidos en flagrancia: pero los vídeos muestran que es mentira. Fueron detenidos en lugares distintos a aquellos donde acciones violentas. Los que fueron agarrados en flagrancia fueron los policías del D.F. Las redes los exhiben arbitrarios y brutales.

Días violentos dan la bienvenida a Enrique Peña Nieto y la despedida de Marcelo Ebrard.

El conjunto de estampas parece anunciar una forma de gobierno, una lección ejemplar, un cierre de filas de la clase política con el presidente. El broche de oro: la firma de un pacto por México que fue firmado por el PRI, el PAN y el PRD con Peña Nieto. Quedaron deslindados los campos: El PRD está mucho más cerca del PRI que de MORENA.

Criminalizar la protesta social

Publicado en 8 diciembre, 2012

–      La policía detiene a 69 manifestantes o transeúntes  en el centro del D.F. Hubo actos violentos en sitios distintos al de las detenciones.

–      Las redes ofrecen muchos videos que muestran que las detenciones son arteras, que los detenidos son manifestantes pacíficos, que no se encuentran en los lugares donde hubo violencia. No se ve por ninguna parte la flagrancia que alega la policía.

–      Organizaciones de derechos humanos, abogados, parientes y amigos de los detenidos protestan cotidianamente por las detenciones ilegales y violatorias de los derechos humanos.

–      La Comisión de los Derechos Humanos del D.F. documenta ampliamente las detenciones ilegales de decenas de los detenidos.

–      El jefe de gobierno, Migue Ángel Mancera, declara que se revisaran todos los casos y los inocentes serán liberados. (Nomás faltaba que declarara algo distinto.)

–      Si los jueces, la procuraduría y el gobierno actúan con la mínima decencia, los 69 presos serán liberado. (Respiro de alivio.)

–      Pero no basta. 69 ciudadanos inocentes han pasado varios días en la cárcel. ¿Por qué? ¿No se viola la ley al detener a inocentes? ¿No hay culpables de esas violaciones?

–      Si no se actúa contra los que violaron la ley, la impunidad tiene permiso.  Quizá se consiguió lo que se buscaba: criminalizar la protesta social. Se detuvo a manifestantes que se expresaban libre y pacíficamente y se les metió en la cárcel. Que salgan libres nueve días después no cambia el hecho: se castigó a quienes protestaban pacífica y legalmente.

–      El mensaje: “mejor no te manifiestes, aunque lo hagas de manera pacífica y legal puedes ser confundido con vándalo, y en lo que son peras o son manzanas te vamos a meter a la cárcel al menos una semana”.

La del 1 de diciembre fue una razzia vil.

Publicado en 10 diciembre, 2012

Dejaron en la cárcel a 14 y liberaron a 56. Con este hecho, el gobierno, la Procuraduría y la juez han reconocido, plenamente, que hubo una razzia ilegal ordenada por los mandos policíacos. Una razzia, ni más ni menos, en la que detuvieron a inocentes, manifestantes pacíficos y hasta transeúntes. ¿A eso hemos llegado en el D.F.? ¿A operativos policíacos en forma de razzias? Porque no hay ninguna duda de que eso fue. El hecho de que hayan liberado a 56 detenidos reconociendo que son totalmente inocentes, deja a los policías y sus mandos en calidad de culpables. Si los policías cumplieron órdenes, eso no los exculpa, pero señala a los mandos como los principales culpables. Los delitos cometidos por policías y gobierno no pueden quedar impunes. Las razzias atentan contra las garantías individuales y los derechos humanos. Nada justifica que decenas de ciudadanos haya sufrido 9 días de cárcel sin motivo. Si no se castiga a los culpables, si prevalece la impunidad, entonces en cualquier día un jefe policíaco, un procurador o un jefe de gobierno pueden ordenar razzias a su antojo. Ha sido el peor ataque a la Constitución y contra la convivencia pacífica en mucho tiempo. Y se hizo precisamente en la ciudad de México, cuya fama es tener el gobierno más progresista del país.

¿Y por qué dejaron a 14 presos? Quizá como coartada, sólo para no reconocer que los verdaderos culpables andan libres y ni siquiera son perseguidos. La mayoría  o todos (los 14) son también inocentes. Pero la juez y el gobierno creen que salvan la cara. Al contrario, se hunden en una mayor vergüenza porque a una injusticia añaden otra. Y atribuirles el delito de ataque a la paz pública, es un insulto al sentido común y a cualquier idea de justicia. La posibilidad de sentenciarlos a penas de hasta 45 años de prisión es una atrocidad.

El gobierno de Mancera empezó bajo el ominoso signo de la represión (aunque él no la haya ordenado), y con la carga de 14 presos políticos. Muchos habitantes de la ciudad nos sentimos agraviados y levantaremos la voz de indignación mientras los 14 sigan presos.  Son nuestros presos políticos: como lo fueron los del 68, los de Atenco, los de la APPO.

R9, R9, permiso para detener

Publicado en 11 diciembre, 2012

“¡R9!, ¡R9!, ¡ya!” Fue la orden que recibió la policía del D.F. el 1 de diciembre. R9: significa detener. Esa fue la orden, pasar de la contención a la detención. Y llegó la orden de quién sabe quién, porque el jefe de la policía Mondragón ya no lo era, y alguien usó su clave; entonces puede presumirse que venía del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.

R9, R9… De la contención a la detención… Es decir: permiso para detener a los manifestantes, a los que se pueda, y no a los que hubieran cometido delitos. Así sucedió en el ya famoso cerco de Filomeno Mata: detenciones en masa. Los policías sabían que no estaban deteniendo a quienes habían provocado la violencia, no a quienes habían ido preparados con bombas molotov, no a los grupos provocadores. Esos ya se habían esfumado. Detuvieron a quienes se manifestaba pacíficamente y no agredían a nadie.

Videos, fotos y testimonios fueron contundentes. Los detenidos son inocentes. La juez no tuvo más remedio que dejar en libertad a la gran mayoría. Sólo quedaron 14. Pero contra esos 14 tampoco hay pruebas. Es evidente que el grupo organizado de provocadores no fue tocado ni con el pétalo de una detención.

Los 56 que obtuvieron su libertad nunca debieron perderla. Pasaron 9 días en la cárcel sin motivo alguno. Sus garantías individuales y sus derechos humanos fueron violados arteramente. Como lo siguen siendo los de los 14 que faltan.

El presidente del Tribunal superior de Justicia del D.F. insiste en que las detenciones de los 70 ¡fueron legales! Y suelta algo que parece una amenaza: recordó que los 56 fueron liberados con las reservas de ley.

Quienes alteraron el orden público, quienes atacaron la paz pública, fueron los policías que atendieron la orden superior: R9, R9.

Ecos del 68 en la lucha por liberar a “los 14 que nos faltan”

Publicado en 14 diciembre, 2012

Manifestaciones ayer, 13 de diciembre, demandaron la libertad de “los 14 que nos faltan”. Exigen, como en el 68, libertad a los presos políticos. Son nuestros 14 presos políticos de hoy. Están privados de su libertad por haber manifestado pacíficamente sus ideas el 1 de diciembre. La policía los agarró cuando recibieron la orden de detener…  y no detuvieron a los culpables de los actos violentos, sino a quienes se manifestaban pacíficamente… los agresores se habían esfumado. La policía lo sabe. Lo sabe el ministerio público y la juez. Por eso liberaron a 56 de los 70 detenidos. “Los catorce que nos faltan” no son casos distintos de los ya liberados.

La Procuraduría de justicia de D.F., los policías que los “remitieron”,  y la juez 47 que ordenó que siguieran presos, los acusan de “ataques a la paz pública”, tipificado en el artículo 362 del Código Penal del D.F., un delito de carácter político, equiparable al de terrorismo, por el cual se pueden aplicar penas de 5 a 30 años de prisión (sin derecho a fianza), y pueden ser aumentados en 50% si se presenta el agravante de haber sido cometido “en pandilla”. Es decir, se pueden aplicar penas de hasta 45 años de prisión. Diría que es desproporcionado si no fuera porque es estúpidamente injusto. Ayer, los manifestantes levantaron, con toda razón, la demanda de derogar el 362.

56 de los 70 fueron liberados. Se reconoce así que fueron detenidos injustamente y perdieron 9 días de su vida en libertad. Sin razón alguna. Por acciones y omisiones de autoridades policíacas y judiciales. Además hay denuncias de tortura física y psicológica. Si tales comportamientos de las autoridades no se sancionan, se tolera y santifica la impunidad. Hay voces que exigen, con toda razón, “deslinde de responsabilidades”: que se investigue y sancione a los culpables de violar las garantías individuales y los derechos humanos de los 70 detenidos.

En el 68, los estudiantes levantaron como bandera un pliego de 6 puntos. Tres de ellos hoy se repiten:

1)      Libertad presos políticos. Entonces los presos eran los líderes ferrocarrileros, culpables de haber encabezado una huelga en 1959. Hoy son “los 14 que nos faltan”, culpables de ejercer su derecho a manifestarse pública y pacíficamente.

2)      Derogar los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de “disolución social”, delito político, que se aplicaba a dirigentes sociales, con el que se mantenía en prisión a los líderes ferrocarrileros. Hoy se pide derogar el artículo 362 del código penal local, que tipifica el delito de “ataque a la paz pública”, del que se pretende acusar a “los 14 que nos faltan”.

3)      Deslinde de responsabilidades. Entonces, en julio del 68, hubo heridos y muertos, y evidentemente había responsables en el gobierno. “El deslinde de responsabilidades” era la exigencia mínima contra la impunidad. Ahora también hay heridos. Afortunadamente no hay muertes que lamentar. Pero se violaron los derechos de 70 ciudadanos a quienes se privó injusta y arbitrariamente de su liberad. A 56 de ellos durante 9 días. Y a “los 14 que nos faltan”, por un tiempo que aún no termina. Cada día que permanecen en prisión es un día más de injusticia.

De aquellos 6 puntos del 68, hoy se repiten 3. Es lamentable que el gobierno al que en estos días se exige su cumplimiento, sea el de la ciudad de México, un gobierno de izquierda que, nadie puede ignorarlo, está ligado históricamente con los movimientos anti autoritarios y justicieros de nuestro pasado reciente.

Rita Emilia Neri es inocente

Publicado en 16 diciembre, 2012

La juez María del Carmen Patricia Mora Brito dictó auto de formal prisión a Rita Emilia Neri Moctezuma basándose en imágenes de las cámaras de seguridad del D.F. en las que aparece cerca de sujetos que lanzan piedras contra policías. Dice la Juez: ese comportamiento denota conformidad con los actos violentos.

A ver si entendí, señora juez, ¿Rita Emilia está presa porque en imágenes de un video del D.F. aparece cerca de quienes están tirando piedras?

¿No sería mejor, señora juez, sugerirle al Ministerio Público que presente a quienes lanzaban las piedras y no a una persona que aparece junto a ellos sin participar en la agresión? ¿Es justo mantener en la cárcel a Rita Emilia por el delito de aparecer en las imágenes cerca de los violentos? ¿Decir que el comportamiento de Rita “denota conformidad con los actos violentos”, no es una apreciación subjetiva?  Y en todo caso ¿no son los culpables los que ejecutaron las acciones violentas y no una persona cuya cercanía, según usted, “denota conformidad con los actos violentos”? ¿Cuál es el delito, entonces, que se le imputa a Rita: “denotar conformidad con los actos violentos”? Su alegato en realidad confirma que la policía no agarró a los violentos y en cambio detuvo  los que andaban por ahí “denotando” su conformidad.

En caso de encontrarla culpable, señora juez, la sentencia diría: culpable de tener una actitud que “denota conformidad” con los actos violentos.

El alegato de la juez Mora Brito lo único que hace es confirmar que tienen presa a una joven inocente, y que dejaron en la calle a los culpables de las acciones violentas

Derogar el 362 es absolutamente necesario

Publicado en 19 diciembre, 2012

Derogar el artículo 362 del Código Penal del D.F. es indispensable para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a manifestar públicamente sus ideas, para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de tránsito. Los 14 que nos faltan, los 14 presos políticos que fueron detenido el 1 de diciembre, son inocentes. Permanecen presos por decisión de la Procuraduría del D.F. (del gobierno de izquierda) y de una juez que interpretó absurdamente la presencia de los detenidos cerca de quienes realizaron agresiones violentas (de quienes rompieron vidrios de aparadores comerciales e hicieron destrozos en inmuebles públicos). Los hoy presos políticos se manifestaban pacíficamente, o simplemente ejercían su derecho de tránsito en las calles de la ciudad. Mantenerlos en prisión es una advertencia para cualquiera que convoque o participe en mítines y marchas. La provocación de un grupo infiltrado puede llevar a inocentes a la cárcel, y se les puede acusar de “ataques  la paz pública”, delito tipificado en el artículo 362, con lo cual  podrían recibir condenas de hasta 30 años de prisión (o el 50% adicional si se supone el agravante de haber actuado en pandilla). Los acontecimientos del 1 de diciembre, y la actitud del gobierno del D.F. ante los 14 presos políticos, limitan, acotan, advierten, inhiben el derecho de manifestación. Es una barbaridad que los 14 que nos faltan sigan presos. Es también una barbaridad que se les quiera aplicar el 362.

Los asambleístas de los partidos de izquierda han presentado una iniciativa para derogar el artículo 362 del Código Penal del D.F. Se trata de una reforma absolutamente necesaria. Como es también absolutamente necesaria la libertad de los 14 que nos faltan. Su permanencia en la cárcel nos agravia a todos

Insostenible el artículo 362 del Código Penal del DF

Publicado en 20 diciembre, 2012

El texto del 362:

Ataques a la paz pública.

Se le impondrá de 5 a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública,  menoscaben la autoridad del Gobierno del DF o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

Es, por decir lo menos, ambiguo. ¿En qué pensaban los legisladores cuando tipificaron este delito contra quienes perturban la paz pública mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema? Parece que tenían en mente algo parecido al terrorismo. Cuando hablan de inundación, no creo que pensaran en alguien que tapa el caño de una casa y produce una inundación para estropear la alfombra. Sino en quien revienta tuberías y causa una verdadera gran inundación. ¿Y lo de sustancias tóxicas? No creo que pensaran en alguien que altera una bebida para dormir a un borracho y robarlo, sino en alguien que busca intoxicar a mucha gente dispersando gases en, por ejemplo, una estación del metro.

Y dónde tenía la cabeza el Agente del Ministerio Público (y qué diablos pensaba la juez), cuando aplicó este artículo a  #Los14QueFaltan. Desde luego no inundaron la ciudad, ni intoxicaron a nadie, ni incendiaron edificio alguno. Queda entonces la frase: “violencia extrema”. Pero si se atreven a calificar de violencia extrema a acciones como arrojar proyectiles contra aparadores o causar destrozos en inmuebles públicos, y cosas por el estilo… Entonces ¿qué sería disparar un fusil automático contra seres humanos? ¿Súper violencia extrema? ¿Y detonar una granada en medio de un mitin? ¿Súper violencia extrema plus? ¿Y colgar a un muerto en un puente o arrojar cabezas humanas recién cercenadas en una cantina? ¿Súper violencia extrema plus agravada?

#Los14QueFaltan son completamente inocentes. No emplearon violencia extrema ni no extrema. Simplemente estaban manifestándose pacíficamente cerca (y no tanto) de los lugares donde hubo acciones violentas. Pero aun quienes arrojaron piedras y causaron daños en inmuebles públicos y privados (a quienes la policía no detuvo), están muy lejos de cualquier definición de terrorismo. Si el Ministerio público no lo ve, y la juez no se da cuenta, están, para decirlo suave, aplicando criterios que nada tienen que ver con el texto de la ley, ni con lo que sucedió el 1 de Diciembre, ni con el sentido común, ni con su obligación de procurar justicia y aplicar la ley.

La última frase del texto del 362: “que perturben la paz pública,  menoscaben la autoridad del Gobierno del DF o presionen a la autoridad para que tome una determinación”, parece dirigirse a manifestaciones políticas. Una manifestación por, digamos, exigir la libertad de los presos políticos, busca presionar a la autoridad para que tome una determinación justa. Si en esa manifestación un grupo acelerado o infiltrado arroja piedras o daña inmuebles, puede repetirse el 1 de diciembre, la policía puede meter a la cárcel a manifestantes por estar cerca de los violentos y acusarlos de ataques a la paz pública.

El artículo 362 es insostenible; tiene que ser derogado. #Los14QueFaltan son inocentes; tienen que salir libres

#Los14QueFaltan siguen en la cárcel.

Publicado en 22 diciembre, 2012

Nuestros presos políticos, #Los14QueFaltan, siguen en la cárcel. Pasarán ahí la navidad. Los asambleístas no derogaron el artículo 362. Pueden hacerlo en la próxima sesión. Los representantes panistas se oponen, les gusta un artículo de esa clase, que facilite la represión, que criminalice la protesta. Ojalá no tengamos que avergonzarnos de los representantes de los partidos de izquierda. Ojalá el gobierno de Mancera no siga manchando sus primeras semanas con la vergüenza de esta injusticia.

Esta es la carta que enviaron #Los14:

Reclusorio Norte, DF a 22 de diciembre de 2012

A quien corresponda,

Agradecemos profundamente a toda la ciudadanía, organizaciones, activistas, por los que pelean por sus derechos, garantías individuales, vidas dignas, unidas y plenas.

Comunicamos directamente al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, al Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Manuel Granados y a toda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se dé la resolución en base a la derogación del artículo 362, a su vez exigimos nuestra pronta liberación, ante los abusos, irregularidades e incongruencias de parte de las autoridades en todo nuestro proceso y en la errónea y arbitraria imputación de delitos.

Nos mantenemos fuertes, unidos y nos pronunciamos sistemáticamente en ayunos de 48, 72 hrs y algunos compañeros continuaremos a una huelga de hambre, esto a partir del día 24 de diciembre a las 12:00 hrs hasta obtener una respuesta positiva de nuestra liberación.

Así convocamos a toda la ciudadanía que se ha generado por todos los presos desde el 1 de diciembre a que se sumen a la lucha sistemáticamente de acuerdo a sus posibilidades y capacidades.

La libre democracia y las leyes siempre deben ser a favor del pueblo, de la sociedad y para la gente, para los dignos Mexicanos.

Todos libres, unidos y Fuertes

#Los14QueFaltan podrán salir bajo fianza, pero…

Publicado en 26 diciembre, 2012

La reforma del 362 permitirá que #Los14QueFaltan salgan libres bajo fianza. Un grupo de asambleístas de los partidos de izquierda habían propuesto derogar el 362 porque su ambigüedad y la ausencia de definiciones permite que se le use, como sucedió, para criminalizar la protesta social. El PAN se opuso a que fuera derogado porque está en su naturaleza: son enemigos viscerales de las manifestaciones populares de protesta. Pero también hubo asambleístas de izquierda se negaron a derogar el mencionado artículo. Finalmente los promotores de la iniciativa aceptaron una negociación que no lo deroga sino sólo lo reforma. En la nueva redacción bajan las penas de 2 a 7 años de prisión (en la actual son de 5 a 30 años), por lo que los detenidos alcanzan el beneficio de la libertad bajo fianza. Cuando salgan Los#14 lo festejaremos con gran alegría, y podremos decir que lograron su libertad gracias a la movilización, a la protesta. Podremos festejarlo como un triunfo, pero…

Pero no es suficiente. #Los14 son, sencillamente, inocentes. Fueron detenidos de manera arbitraria. Se encontraban protestando pacíficamente. Los verdaderos provocadores no fueron detenidos. De todas maneras nos alegrará enormemente que #Los14 salgan de la cárcel, que termine esa injusticia. Festejaremos, pero…

La gran cantidad de videos que se han hecho públicos a través de las redes, y los alegatos de los abogados que los defienden, muestran plenamente su inocencia, que la policía actuó con violencia, que hizo detenciones al azar, que no es verdad que fueron detenidos en flagrancia, que las declaraciones de los policías que efectuaron las detenciones son contradictorias. Y todas esas contradicciones y mentiras que están a la vista de quienes quieran verlas, no las vio la inefable juez 47, María del Carmen Patricia Mora Brito, cuyos  argumentos enrevesados han mantenido en la cárcel a 14 inocentes durante 26 días.

Nos alegraremos enormemente que salgan los #14QueFaltan. Lo festejaremos como un triunfo de la sociedad que no permanece callada ante injusticias evidentes. Un triunfo de la gente que filmó y difundió las acciones arbitrarias y violentas de la policía. Pero quedan muchas cuentas pendientes. La impunidad prevalece.

Todo mundo lo sabe: #Los14 son inocentes.

Publicado en 27 diciembre, 2012

El 362 era insostenible por todos lados. Un delito sin definiciones claras, “Ataques a la paz pública”, que permitía igualar la rotura de un vidrio con un acto terrorista; que busca castigar actos de “violencia extrema”, sin definir qué diablos es eso. Aplicarlo para los hechos del 1 de diciembre era absurdo. Ninguno de los actos perseguidos fue, ni de lejos, comparable con un acto terrorista. Y por criticables que fueran, las agresiones al mobiliario urbano y a establecimientos comerciales, aplicarles penas de hasta 30 años de cárcel a quienes la cometieron era absolutamente desproporcionado. El problema del 362 es que no define con claridad el delito que se propone castigar, y al no hacerlo resulta una ley defectuosa. Por eso debe derogarse. La reforma aprobada ayer, 26 de diciembre, le quita una de sus puntos criticables: la desproporción de las penas. Por eso es aplaudible. También porque permitirá a los 14 inocentes encarcelados obtener su libertad (aunque sea bajo fianza).

#Los14 que faltan deberían salir de la cárcel por otra razón: porque no han cometido ningún delito; porque no agredieron a nadie; porque no fueron detenidos en flagrancia. Se manifestaban pacíficamente un día confuso en unas calles convulsionadas en las que junto a manifestaciones pacíficas sucedieron actos violentos. Son tan inocentes como los miles que ese día se manifestaron ejerciendo su derecho pleno. Son presos inocentes. Son presos políticos. Es tan obvia su inocencia que creo que lo sabe hasta la juez que les dio la formal prisión. Creo que Mancera lo sabe. Lo sabe el procurador. Y La Santanera, también lo sabe, lo sabe, como en la vieja canción. Los 14 podrán salir libres (aunque sea bajo fianza) y nos alegraremos por eso. Y aunque sigan bajo proceso, todos sabemos que son inocentes. Y aunque el 362, con su nueva redacción, siga vigente, seguirá siendo un adefesio insostenible.

El 362 reformado: “muy redondo para huevo…”

Publicado en 29 diciembre, 2012

Artículo 362 original:

Ataques a la paz pública.

Se le impondrá de 5 a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública,  menoscaben la autoridad del Gobierno del DF o presionen a la autoridad para que tome una determinación

Artículo 362 reformado:

Se les impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas,  de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.

La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código.

(Gaceta Oficial del Gobierno del DF del 27 de diciembre del 2012)

El cambio más significativo es la disminución de la penalidad; fue lo que permitió a #Los14 obtener el beneficio de la libertad bajo fianza, puesto que la media aritmética entre las penas mínima y máxima es menor a 5 años, dejó de ser un delito grave.

Pero hay otros cambios también significativos: el texto original hacía referencia a acciones realizadas mediante  “violencia extrema”. En el texto reformado desaparece la palabra “extrema”, lo cual es de aplaudirse porque se trataba de una valoración subjetiva. A la juez Mora Brito le pareció que arrojar piedras era un acto de “violencia extrema” (lo cual en mi opinión es de una extrema estupidez), por lo que los detenidos eran probables responsables de ataques a la paz pública.

También desaparecieron las últimas líneas del texto original que proscribían las acciones descritas cuando “menoscaben la autoridad del Gobierno del DF o se presione a una autoridad para que tome una determinación”. Esto también me parece un acierto: lo primero porque quién sabe qué quiera decir eso de que “menoscaben la autoridad del Gobierno”; y lo segundo porque  borra la intención de criminalizar la protesta social al ya no referirse expresamente a acciones que “presionen a las autoridades para que tomen un determinación”.

Los cambios, pues, son acertados. El problema es que el artículo sigue siendo ambiguo e impreciso. Me parece que el gran problema del 362 es que busca tipificar dos delitos distintos y no atina a ninguno:

El primero es el de “terrorismo”. El texto original, con la referencia a la “utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema”, y la pena de hasta 30 años de prisión, parece referirse a actos de terrorismo. Pero falla terriblemente la puntería al aplicarse a conductas como las del 1 de diciembre, para las cuales las penas consideradas resultan desproporcionadas.

El segundo es el de “vandalismo”, que corresponde más a las acciones de los grupos que el 1 de diciembre causaron destrozos en inmuebles públicos y establecimientos comerciales, y arrojaron piedras a los policías.

El artículo original era un adefesio, simplemente insostenible y merecía ser derogado. El reformado mejoró un poco, pero sigue siendo un engendro incapaz de tipificar adecuada y claramente las conductas delictivas que se busca perseguir. Como quien dice: “muy redondo para huevo, muy largo p’aguacate”.

Nota

Los presos políticos quedaron libres. Fue un triunfo para el movimiento que exigía su libertad. Pero quedó definido un método para criminalizar la protesta, para inhibir manifestaciones, para reprimir marchas pacíficas con el pretexto de combatir a grupos violentos. El nuevo modelo de represión policíaca fue utilizado en el 2013 contra el magisterio y el 20 de diciembre del 2014 contra el movimiento de Ayotzinapa.

Ayotzinapa: la vileza del procurador

 -Francisco Pérez Arce Ibarra-

La sociedad indignada exige que devuelvan con vida a los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre. El país está lleno de manifestaciones. Se extiende la certeza de que se trata de un crimen de estado. El gobierno de Peña Nieto vive su peor crisis política. Su imagen nacional e internacional se desploma.

Martes 4 de noviembre:

Atrapan al presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca) y a su esposa (María de los Ángeles Pineda). Se ocultaban en una casa desvencijada de Iztapalapa. La procuraduría presenta fotos de los detenidos y de la triste casa en la que se encontraban. Es extraño: ante detenciones de grandes  y pequeños capos, suelen presentarse videos de los detenidos con las manos esposadas y conducidos por policías robustos. Esta vez sólo fotos. Pronto se difunde la versión de que en realidad los detuvieron días antes en Veracruz, y que los sembraron en Iztapalapa. ¿Por qué el montaje? ¿Qué sentido tiene este invento?

Miércoles  5 noviembre:

Han pasado cuarenta días desde la desaparición de los normalistas. Se lleva a cabo una jornada nacional por la aparición con vida de los 43. Las manifestaciones sacuden al país. Hay irritación por todas partes. Decenas de universidades están en paro. No hay acto público donde no se hable de Ayotzinapa y se exija la aparición con vida de los 43. Hay una sensación de urgencia. Urgencia por la vida. Hartazgo por un gobierno omiso e insensible. En el estado de Guerrero pueblos enteros están al borde del estallido.

7 de noviembre:

Conferencia de prensa del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El relato es terrorífico, incongruente, ofensivo. Montado con videos de los presuntos autores de un asesinato múltiple. El relato paraliza el alma: bajaron a los secuestrados de dos vehículos, eran 44 o 43, algunos ya estaban muertos, pusieron los cuerpos junto a uno de los basureros de Cocula (municipio vecino de Iguala), a los que seguían vivos los mataron ahí mismo, luego los acomodaron uno junto a otro, en varias hileras. El declarante se detiene en los detalles. Una vez acomodados los cubrieron con gran cantidad de materiales inflamables, llantas y botellas de plástico,  los regaron con gasolina o diésel y les prendieron fuego. La quema duró doce o catorce horas. Esperaron a que los restos se enfriaran, y entonces trituraron los huesos hasta hacerlos añicos, los metieron en bolsas negras de basura, los llevaron al río San Juan y  ahí los vaciaron. Dos de las bolsas las arrojaron  cerradas, rompieron las demás y vaciaron los restos directamente al río. Relato detallado que quita el aliento. El horror se acrecienta en el detalle. Sólo pudieron recobrarse fragmentos de tamaño minúsculo. Unas cuantas decenas de pedacitos de  huesos. El vídeo muestra los restos mínimos.

El procurador conduce el relato con su propia voz entreverando los videos de los asesinos y las imágenes del basurero donde ocurrieron los asesinatos y la cremación, y del río donde acabaron los restos.

El procurador quiere mostrar el gesto severo de quien está cumpliendo con una obligación dolorosa, de quien cuenta una historia que preferiría no contar pero debe hacerlo. Concluye de una manera inesperada: los normalistas fueron asesinados de este modo… pero no estoy seguro, no hay pruebas suficientes, no se puede probar que eran ellos, los restos no facilitan la identificación, son minúsculos y están quemados, sólo dos de los pedazos pueden contener material útil para su identificación… El procurador quiere dar la historia por buena y terminar de una vez con el episodio de Ayotzinapa, aunque no tenga pruebas concluyentes.

Siguen las preguntas de los periodistas. La versión completa resulta increíble. Las respuestas son secas y poco convincentes. Las preguntas de algunos dan cuenta de su irritación. Al poco rato el procurador da por terminada la conferencia con un comentario inoportuno: “ya me cansé”. La frase será repetida miles de veces en el twitter y  de inmediato se convierte en trending topic mundial. Ya me cansé de un gobierno corrupto, Ya me cansé de un procurador inepto, Ya me cansé de la impunidad, Si ya se cansó que se vaya, Si ya se cansó que renuncie. La avalancha es interminable. Los tuiteros condenan al procurador y al gobierno, y empieza a repetirse la idea de que renuncie Peña.

Los padres de los 43 reaccionan indignados. El relato del procurador es una ofensa. Da por muertos a los desaparecidos sin pruebas concluyentes. Da por cierto que sus hijos sufrieron el infierno en vida, y que de ellos no quedó nada, nada… acaso unos minúsculos pedazos de huesos.

La sociedad movilizada no cree la historia de terror del procurador. La rechaza de plano. La consideran un embuste completo y maligno que sólo busca cerrar el capítulo para dejar de buscarlos. La sociedad movilizada sigue repitiendo lo que ha dicho durante días incansablemente: vivos se los llevaron, vivos los queremos.

El relato del procurador causa un dolor inmenso a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Es una afrenta. Les infringe daño moral y físico. Ha declarado muertos a sus hijos sin tener pruebas concluyentes. Lo hace además mediante un relato de terror. Sus hijos ya no existen, son cenizas que el río se llevó, y una colección de pequeños fragmentos de huesos. Lo que el procurador hizo fue una vileza.

¿Qué buscaba el procurador con ese relato terrorífico?

Acaso dar por terminada la historia. El día siguiente Peña Nieto partiría a China. Tendría que haber suspendido su viaje ante la crisis que vive el país. No lo hizo.

Acaso convertir el caso Ayotzinapa en un episodio de la brutalidad criminal de los cárteles de la droga, en un episodio más que el gobierno lamenta y combate.

Acaso mostrar que el gobierno condujo la investigación y resolvió el caso, señalando culpables, teniendo ya en la cárcel a los autores intelectuales.

Acaso poner fin a la historia, empezar la operación del control de daños, y esperar que el tiempo desinfle la protesta ante la certeza de que ya no hay nada que hacer, ya los 43 están muertos, y ya ni sus restos mortales existen.

Pero si esa era la estrategia parece que no está funcionando. El presidente fue a China pero el país sigue llenándose de manifestaciones. En Guerrero la protesta se radicaliza. La crisis política no amaina. Estrategia fallida o no, lo que hizo el procurador fue una vileza.

AYOTZINAPA: Octubre de rabia y manifestaciones

 

–Francisco Pérez Arce Ibarra–

El país llegó a un punto límite. El 26 de septiembre la policía disparó contra estudiantes en Iguala, mató a 6 personas y dejó a 25 heridos. Poco más tarde la misma policía municipal detuvo a 43 normalistas que hasta hoy, 2 de noviembre, siguen desaparecidos.

El 2 de octubre una enorme manifestación volvió a recordar la masacre de Tlatelolco de 1968. Unos días antes había muerto Raúl Álvarez Garín, el dirigente más emblemático de aquel movimiento que fue una fiesta juvenil libertaria, y que el gobierno quiso borrar con el asesinato masivo. La frase “2 de octubre no se olvida” derrotó al régimen y 46 años después se repite en las plazas  coreada por los hijos y los nietos de  los estudiantes que protagonizaron aquel movimiento.

Cada año se repite la manifestación del 2 de octubre. Recuerda una tragedia, pero también festeja la rebeldía. La de este 2014 fue mucho más grande que las de los años anteriores. El crimen de Ayotzinapa acababa de suceder apenas el 26 de septiembre y se generalizaba la indignación y la protesta. Hoy, además, un nuevo movimiento está en la escena: los estudiantes del IPN se niegan a que su Instituto se convierta en un centro educativo adecuado a las necesidades de las grandes corporaciones privadas. Exigen que se les tome en cuenta para cualquier reforma en sus planes de estudio, y rechazan un reglamento que les quisieron imponer de la noche a la mañana. El movimiento del poli tiene un interés social; no termina en sus legítimos deseos individuales de aspirar a una formación profesional de calidad; tiene que ver con el futuro que imaginan para México, y con la función que la educación superior debe cumplir en ese futuro imaginado.

El movimiento del poli adquirió una amplitud inesperada. Surgió en una escuela, la ESIA, y en pocos días se extendió a todas las escuelas superiores y de educación media. Surgió, como siempre surgen los movimientos de masas, más por una intuición compartida que por un programa claro. Primero es la intuición, después el programa. Y el programa incluyó, no podía ser de otra forma, la necesidad de democratizar a la institución. La destitución de la directora general, la no imposición inmediata de nuevos programas de estudios, y la no aplicación del nuevo reglamente fueron conquistas rápidas. Pero el movimiento no se detuvo ahí.

Ese 2 de octubre de 2014 el movimiento del poli estaba en su fase expansiva. Ello explicaba en parte la magnitud de la tradicional manifestación de esa fecha. Pero había también una herida dolorosa recién abierta en el cuerpo de los estudiantes que la sociedad entera empezaba a mirar con horror e indignación: la de Ayotzinapa. La historia de la agresión policiaca del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala que quitó la vida a seis personas y la libertad a 43 normalistas. Habían pasado cinco días y los 43 estaban desaparecidos. La impunidad con la que en los meses y años recientes había actuado el Estado había tocado un límite. La sociedad mexicana no podía tolerar un crimen de esa magnitud, no quiso tolerar otra vez la acción impune de las fuerzas públicas. El 8 de octubre, en la ciudad de México, hubo una nueva manifestación. Esta vez por Ayotzinapa. Jóvenes, muy jóvenes, de escuelas normales, encabezaron la marcha. Fue muy grande. A diferencia de muchas otras manifestaciones, en esta se respiraba la urgencia. No sólo era un punto límite de lo que una sociedad puede presenciar pasivamente, sino que había la urgencia de recuperar a los 43 jóvenes desaparecidos, impedir que se sumaran a los desaparecidos para siempre, impedir que todo terminara en el discurso gastado de “se investigará hasta las últimas consecuencias”, hasta que el tiempo acabe por borrarlo. Urgencia para que aparecieran con vida los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En los primeros diez días de octubre hubo manifestaciones en 50 ciudades del país y en 30 ciudades de otros países. La frase, antes muchas veces repetida, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, acuñada durante los años setenta cuando el gobierno  “desapareció” a miles de personas en lo que se recuerda como “la guerra sucia”, se convirtió en la divisa nacional. La urgencia nacional. “Devuelvan a los 43”. “No somos todos, nos faltan 43”. O el puro número: “43”, pintado en mantas, cartulinas, manos, rostros.

La magnitud de la respuesta condujo a la renuncia del presidente municipal de Iguala y su jefe de policía. El discurso oficial (y sus locutores de la TV) no se atrevieron a descalificar al movimiento, se dieron cuenta de su magnitud y de que cualquier condena a las víctimas, su recurso habitual, no funcionaría esta vez. Intentaron limitar el daño de la condena al Estado circunscribiéndolo al nivel municipal y, si acaso, estatal. Para mayor fortuna del gobierno y los medios, ambos habían surgido del PRD. Y el presidente municipal pidió licencia y huyó junto con su esposa. Huyó también el jefe de la policía.  En la estrategia del control de daños, el gobierno y sus voceros ya tenían a los culpables: “malos funcionarios relacionados con el crimen organizado”. Podrían presentarlo como un episodio más de la guerra entre cárteles de la droga. Filtraron el dicho de uno de los capos detenidos, perteneciente a la banda criminal “Guerreros Unidos”,  de que entre los 43 había 17 infiltrados una banda enemiga: Los Rojos. Pero el activismo de los padres de los 43 y de los normalistas ha detenido todo intento de desvirtuar los hechos. Y sobre todo han insistido su exigencia de que se les encuentre con vida: “Vivos se los llevaron”.

Los días pasaban y los 43 seguían desaparecidos. Las manifestaciones se sucedían con mayor frecuencia y fuerza en todo el país y en muchos otros países. El 22 de octubre la ciudad de México presenció una de las manifestaciones más grandes de los últimos años. Otra vez dominó una atmósfera de urgencia.  Cayó el gobernador Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Tampoco era suficiente.

El presidente Peña salió en cadena nacional diez días después del crimen, y quiso ponerse por encima del problema, mostrarse solidario con las familias de los 43. Le tomó diez días darse cuenta de la trascendencia de lo sucedido. Hasta que le estallaron en la cara las mil manifestaciones. Hasta que se dio cuenta de que no era posible reducirlo a un problema regional, a un caso más de la violencia cargada a la cuenta del narcotráfico. El presidente se mostró dolido y prometió que se investigaría y castigaría a los culpables. Pero las manifestaciones pedían otra cosa: que encontraran a los 43 y los encontraran con vida. Nada más. El gobierno federal tiene todos los recursos imaginables. Nadie cree que no pueda encontrarlos. El gobierno federal sabe. El gobierno federal es responsable.  Terminó octubre. Los 43 siguen desaparecidos. La prensa internacional descubre que el rostro del gobierno de Peña no es el que creían. La violencia y la impunidad son sus rasgos de identidad.

Mil firmas para Marina Stavenhagen y Víctor Ugalde

Francisco Pérez Arce Ibarra

1. 

El viernes 10 de octubre, hace casi una semana, la prensa ventiló una supuesta sentencia de la Secretaría de la Función Pública que inhabilita para ocupar cargos públicos y determina una multa millonaria a Marina Stavenhagen y a Víctor Ugalde. Las notas periodísticas presentadas escuetamente y sin el menor cuidado, pueden leerse como si se tratara de gravísimas faltas vinculadas a la corrupción de dos ex funcionarios. En realidad en ambos casos se trata de faltas administrativas que no implican daño patrimonial. La forma en que se presenta la noticia daña el prestigio y buen nombre de la ex directora de IMCINE y el ex director de FIDECINE. La nota no debió trascender a la prensa porque no se trata de casos juzgados, por el contrario, apenas empezarían en un tribunal jurisdiccional que será el que  sentencie verdaderamente. La determinación de la Secretaría de la Función pública no es el fin del proceso sino apenas el principio.

La filtración a la prensa de una acusación aún no ventilada en el Tribunal delata la intención de desprestigiar a dos personas honorables, y quizá, más gravemente, a dos funcionarios que actuaron en beneficio del cine y los cineastas mexicanos, y cuya gestión todo mundo reconoce como exitosa. La política seguida en sus respectivas responsabilidades ha coadyuvado al buen momento que vive la producción cinematográfica en nuestro país: no sólo en la calidad artística que ha sido reconocida por la obtención de los más prestigiados premios internacionales, sino por inéditos éxitos en taquilla. Presentar a estos dos cineastas (que cumplieron una función administrativa) como culpables de faltas graves, quizá busque inhibir la continuación de política favorables al cine y los cineastas mexicanos.

La mala fe del Órgano Interno de Control de IMCINE, que inició el proceso contra Marina Stavenhagen, queda evidenciado en el señalamiento de la acusada: “El OIC esperó hasta el 27 de noviembre de 2012 (pocos días antes del cambio de administración)  para notificarme que se abría un procedimiento administrativo de responsabilidades en mi contra”, por una acto de supuesta negligencia administrativa “cometido en el  primer año de mi gestión”. ´

La mala fe de quien hizo la filtración a la prensa está en el hecho de presentar como caso juzgado un proceso que apenas empieza.

¿Por qué atacar a dos ex funcionarios que dignificaron e impulsaron el cine mexicano? La pregunta no tiene una respuesta verificable. Pero vale la intuición de que se trata de un ataque al buen momento del cine mexicano.

2.

El lunes 13 de octubre, tres días después de que apareció la nota sobre la determinación de la Secretaría de la Función Pública, empezó a moverse en las redes sociales una carta de apoyo a los dos cineastas ex funcionarios (la carta puede consultarse en este mismo blog), e invitaba a cineastas e intelectuales a firmarla. Esta iniciativa, nacida en un sitio de Facebook, tuvo una respuesta sorprendente. En tres días sumó más de mil firmas de cineastas, académicos, escritores y artistas. Las mil firmas para Marina y Víctor dan cuenta del reconocimiento a su trabajo profesional e intelectual y de la confianza en su honorabilidad. Son también un voto para que se mantengan las políticas de estímulo al cine y a los cineastas mexicanos. La mala fe del responsable del Órgano Interno de Control de IMCINE no puede ocultar la buena gestión de estos dos funcionarios. La convocatoria a firmar la carta sigue abierta.

Carta de apoyo a Marina Stavenhagen y Víctor Ugalde

Nos sentimos indignados por el aberrante manejo de los medios sobre la supuestas sanciones administrativas a Marina Stavenhagen y a Víctor Ugalde.

Marina es guionista brillante, activa promotora de festivales (entre ellos el festival de escuelas de cine del Centro de Capacitación Cinematográfica y el Festival de Cine y Televisión de Mujeres),  impulsora de numerosos proyectos cinematográficos,  y difusora del buen cine mexicano.

Víctor Ugalde es un cineasta comprometido con el cine de nuestro país. Ha luchado toda su vida profesional por mejorar las condiciones para la producción y exhibición de las películas mexicanas, y obtener beneficios para los cineastas.

El cine mexicano y la comunidad cinematográfica deben mucho a Marina y a Víctor. Nos consta, porque hemos seguido su incansable trabajo que son personas de una honestidad intelectual y profesional intachable.

Manifestamos nuestro apoyo pleno y franco a estos dos intelectuales y cineastas mexicanos.

Firmas.

Ayotzinapa: política y delito

Francisco Pérez Arce Ibarra

  • El 26 de septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala disparó contra un camión de estudiantes normalistas de Ayotzinapa; resultaron seis muertos y varios heridos. Poco después los uniformados detuvieron a otros 43 estudiantes, mismos que hasta la fecha se encuentran desaparecidos.
  • Diez días después, el 6 de octubre, el presidente Peña Nieto, en cadena nacional, dirigió un mensaje a la nación lamentando los hechos y comprometiendo a su gobierno a investigar y castigar a los asesinos y secuestradores. El gobernador Ángel Aguirre Rivero declaró que si su renuncia resolviera el caso no tendría inconveniente en entregarla. La dirección del PRD se trasladó a Iguala a pedir perdón por no haber sido suficientemente cuidadosa en la selección de su candidato a presidente municipal, José Luis Abarca, quien fue ganador y hoy señalado como principal culpable de crimen del 26 de septiembre.
  • La versión oficial de los hechos aparentemente coincide con la de los testigos presenciales. Los 43 detenidos fueron conducidos al edificio de la policía y posteriormente sacados de ahí en vehículos oficiales. La orden de detenerlos fue dada por el jefe policíaco, la de sacarlos de ahí y desaparecerlos fue dada por el jefe de una banda llamada Guerreros Unidos, derivado del cartel de los Beltrán Leyva. La primera orden viene del gobierno, la segunda del narco. (Estamos ante la acción nítida de un narco-estado. Hace años sabemos que el gobierno está infiltrado por el crimen organizado, pero no habíamos visto su simbiosis perfecta.)
  • Los discursos desde el poder buscan culpar del crimen del 26 de septiembre al crimen organizado y a un gobierno municipal. Con esto limitarían el daño político. Podrían hasta “resolver” el caso, encontrando vivos o muertos a los asesinos directos (el presidente municipal, el jefe de la policía, y los uniformados que participaron), y aplicando sobre ellos, como les gusta decir, “todo el peso de la ley”. De esta manera limitarían el daño y salvarían la cara.
  • Ese enfoque, que seguramente seguirán los principales medios de comunicación, presentarán un “hecho lamentable”, unos asesinos claramente identificables, probablemente prófugos, y un gobierno ecuánime y respetuoso de la ley. Es la manera de quedarse en la superficie para que a la brevedad posible todo “vuelva a la normalidad”: es decir para que todo siga como antes del 26 de septiembre.
  • Pero la sociedad ha recibido mucha información y ha reaccionado con gran indignación condenando no sólo a un presidente municipal perredista y narco, sino a los gobiernos estatal y federal. Intuitivamente, la sociedad señala como culpable al poder político. Y con esa intuición la sociedad acierta.
  • Sabemos que antes del 26 de septiembre, tanto el gobierno del Estado como el Federal supieron de la participación personal del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, en el asesinato de tres líderes sociales de la región, y no actuaron en consecuencia.
  • Sabemos que era un secreto a voces la estrecha relación del presidente municipal José Luis Abarca con el cártel de los Beltrán Leyva. Relación incluso familiar.
  • Sabemos que el gobierno había combatido a las normales rurales en general, y a la de Ayotzinapa en particular, queriendo disminuirlas hasta desaparecerlas. Que las considera escuelas enemigas, nido de opositores y guerrilleros, inútiles en el proyecto educativo que busca servir a “la economía”, entendida como la inversión extranjera, la operación de las grandes empresas trasnacionales y nacionales, la rentabilidad y la productividad.
  • El gobierno y sus locutores se han ocupado de satanizar a los movimientos sociales opositores. Durante meses satanizaron a los maestros de la CNTE por su oposición a la reforma educativa, con un discurso que los calificaba de violentos, irresponsables y provocadores. En Guerrero se había satanizado a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, colgándoles los mismos adjetivos. Los llamaban despectivamente “los ayotzinapos”. Hay quien de buena fe pueda discrepar de sus métodos, como la toma de camiones, pero no hay duda de que la causa de los estudiantes normalistas es justa: durante años no han hecho otra cosa que luchar por su sobrevivencia.
  • La orden de disparar puede haberla dado el presidente municipal. Pero el sentido de la misma está envuelta en la política general del gobierno. La culpa no termina en aquel que tiene el dedo en el gatillo, incluye a quien le dijo hacia donde disparar.